El perdón a Televisa

Jaime Hernández Gómez
jaihergom@gmail.com

El Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE), en sesión extraordinaria el 15 de marzo de 2008, ratificó su decisión de no sancionar a Televisa por las denominadas conductas atípicas observadas, el 31 de enero y 1º de febrero, en la transmisión de los promocionales de los partidos políticos y el mismo Instituto.

Con 5 votos a favor de los consejeros Arturo Sánchez, Marco Gómez Alcantar, Marco Antonio Baños, Macaria Elizondo y Francisco Guerrero, contra 3, el del presidente consejero, Leonardo Valdez, Virgilio Andrade y Alfredo Figueroa, se determinó no aprobar el proyecto que contemplaba sancionar con 4 millones 180 mil 80 pesos a Televisa por las irregularidades presentadas.

La ratificación de no sancionar a las televisoras se originó después que el Tribunal Electoral, en respuesta a la impugnación realizada por el PRD y el PT en contra de la decisión del IFE de perdonar a las televisoras sobreseyendo el procedimiento sancionador, determinó el pasado 11 de marzo revocar la decisión del Instituto y ordenarle que analizara el fondo del asunto. En este sentido, resulta conveniente realizar un recuento del tema.

Las razones del sobreseimiento

El pasado 13 de febrero, el consejo General del IFE decidió sobreseer el proceso sancionador en contra las dos televisoras (Televisa y TV Azteca) aludiendo a las siguientes razones: a) Que la conducta sancionada existió pero ya no se ha repetido, b) Que se firmó un acuerdo con la CIRT en la que ésta se compromete a colaborar con el Instituto en el cumplimiento de las normas electorales, c) Que las sanciones deben ser el último recurso de la política del Estado.

El primer argumento del IFE por sobreseer el asunto se debía porque, según ellos, las conductas irregulares sólo se efectuaron el 31 de enero y el primero de febrero, por lo que para el 13 de febrero ya se había normalizado la difusión de la publicidad electoral. En este sentido, dicho argumento es falaz debido a que las irregularidades fueron observadas hasta el 10 de febrero, es decir, nueve días posteriores a lo señalado.

El segundo argumento consistía en alusión al acuerdo (bases de colaboración) realizado entre algunos consejeros del IFE y la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, firmado el 11 de febrero, en el que señala que “los agremiados de dicha Cámara procurarán no agrupar los promocionales en un solo corte. Debido a que desde la realización de dicho convenio la difusión de la publicidad electoral se había normalizado, entonces resulta oportuno decretar el sobreseimiento del asunto.”

La tercera justificación giraba en torno a la capacidad de negociación que deben tener las instituciones del Estado para la aplicación de la ley. Mencionaban que debido a que las faltas no eran graves, luego entonces la autoridad no necesariamente debía aplicar sanciones.

Tribunal desecha argumentos del sobreseimiento

El 17 de febrero de 2009, el PT y el PRD impugnaron la resolución del IFE ante el Tribunal Electoral, originando que este último, el 11 de marzo, en unanimidad de votos de sus magistrados, determinara revocar la resolución del IFE, y ordenara a que analizara el fondo del asunto.

Respecto al primer argumento planteado por el IFE, el Tribunal mencionó: “el cese de la conducta denunciada por cualquier circunstancia, no debe dar lugar a la conclusión del procedimiento, ya que el mismo tiene por objeto determinar la probable responsabilidad por la comisión de conductas tildadas de ilícitas, e imponer, en su caso, las sanciones procedentes.”

Y en cuanto al argumento del acuerdo entre el IFE y la CIRT, el Tribunal sentenció: “es incuestionable que resulta insuficiente, y carece de sustento, el argumentar la existencia de un acuerdo de voluntades, para dar por concluido el procedimiento especial sancionador en materia electoral, pues: i) no se trata de una de las causales de improcedencia previstas en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y ii) detuvo el pronunciamiento de fondo de la denuncia interpuesta.”

Mientras tanto, del tercer argumento, el Tribunal adujo que el IFE se muestra contradictorio debido que: “a efecto de aplicar correctamente el principio de intervención mínima en el caso concreto, resultaba indispensable que la responsable entrara al fondo de la cuestión planteada y, por tanto, no es dable invocar este razonamiento como apoyo o causa sustancial del sobreseimiento combatido.”

Carencia de normas que sancionen conductas “atípicas”

Después de la sentencia del Tribunal, en sesión extraordinaria del 13 de marzo, el IFE determinó que no existen bases legales para sancionar las conductas atípicas de las televisoras mostradas en el inicio de las precampañas federales. Se resolvió que la conducta de la televisora, al transmitir los promocionales en modo y en tiempo distintos a la pauta que le entregó el IFE, no está prevista como una transgresión a la legislación electoral federal.

En esta sesión, el consejero Alfredo Figueroa mencionó que Televisa mediante sus conductas, realizó una manipulación de propaganda prohibidos en la legislación electoral, en sentido estricto, el inciso D del artículo 350 del Cofipe: “agrupar los spots, insertar cortinillas y concentrarlos en el cambio de horas son actos que provinieron de la libre voluntad y decisión de Televisa. Por ello también son su responsabilidad.”

En sentido contrario, la consejera Macaria Elizondo manifestó la carencia de normas legales que sancionen las irregularidades mostradas por parte de las Televisoras. En el mismo sentido, el consejero Marco Antonio Gómez mencionó que a las radiodifusoras de la UNAM y la Universidad de San Luis Potosí se le perdonó que no hubieran transmitido los promocionales debido a la carencia de criterios especiales, por lo que a las televisoras también se les debe aplicar el mismo razonamiento.

El consejero Arturo Sánchez, por su parte, mencionó que no existe precepto legal que sancione las conductas de las televisoras, ni en el Cofipe ni en la Ley Federal de Radio y Televisión (esta última ley, la cual fue modificada de manera reciente en el Congreso, y dijo: “los señores diputados tenían en sus manos la posibilidad de asentar con claridad cuáles eran algunas de las características con las que se podría o no transmitir (la publicidad política). Y se optó por no añadir nada distinto a lo que ya estaba en la Ley Electoral.”

Javier Hernández, consejero del poder legislativo, afirmó: “Todavía hay quien piensa, como lo dice el señor Pliego y está perfectamente documentado en cada una de sus cosas, que el Estado no tiene ningún derecho sobre las ondas por las que se transmiten estos programas. Y, en ese contexto, me parece que poco bien se le hace a la nación; poco bien se le hace al pueblo, para poder defender lo que le corresponde.”

Y añadió: “No les estamos robando nada, al ratito no solamente el señor Salinas Pliego va a salir diciendo que lo estamos robando, (lo) van a salir diciendo todos. Y ustedes tienen en sus manos la decisión de poder hacer valer lo que legítimamente le pertenece a la nación.”

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Medios Públicos, una ventana electoral

Gustavo Ríos
gelassenhait@hotmail.com

La radio y la televisión son el referente nato en la búsqueda de cualquier asunto de interés público; los asuntos que informan en sus frecuencias impactan en el quehacer cotidiano como afirmación o negación de un hecho, tal y como lo afirma Luigi Ferrajoli “son un poder político penetrante e insidioso, que se utiliza para promover intereses mediante la desinformación y la propaganda”, de ahí su importancia en los procesos electorales.
Si la participación activa en las campañas políticas de la industria de la radio y la televisión es altamente cuestionable por tratarse de concesiones para prestar actividades de interés público, lo es aún más la participación de aquellos medios considerados públicos en dichos procesos de elección.
Hoy vemos que estos “medios públicos” son utilizados como ventana a los candidatos del partido del gobierno que subsidia su frecuencia, como ejemplos los canales de los gobiernos locales, como el canal mexiquense o incluso, el hasta hace poco respetado, canal once del Politécnico Nacional.
Que todas las noches los noticieros locales editorialicen las actividades del gobernador, que los programas de opinión no critiquen sus fallas o que en pleno proceso electoral se realicen programas especiales a deportistas o artistas quienes hoy compiten por un puesto de representación refleja los vacíos en su régimen legal en materia electoral y de financiación tienen tales medios públicos ¿Qué y quién prohíbe a quien utilice así a tales medios? ¿Qué y quién castiga por ese indebido uso? ¿Quién debe ser castigado? ¿De qué manera? ¿Cómo generar esa independencia editorial y financiera?
Resolver estos puntos es una cuestión impostergable para garantizar las libertades de expresión e información, que como lo confirman la Suprema Corte de Justicia, la Teoría Política, los Tratados Internacionales y hasta la Constitución Mexicana, hoy estos son los pilares esenciales de toda democracia.

La comunicación en época de crisis financiera: breve visión mexicana

Genaro Ahumada

El catarrito se ha complicado. Pérdida de empleos, empresas de todos tamaños en paro técnico, pérdida de inversión en todos los sectores y la creciente devaluación del peso frente al dólar -debido a la indiscriminada desconfianza de “los catastrofistas”-, han hecho de México un país sumido desde ya en una situación grave, a pesar de que “aún no llega lo peor”, según el Banco Interamericano de Desarrollo. Todo lo anterior ya ha sido lo suficientemente difundido y explicado por expertos en materia, pero como comunicólogo, trataré de explicar qué sucede respecto a esta materia en nuestro país.

La comunicación es un acto que hacemos desde el momento mismo de nacer. Sin embargo, como profesión se manifiesta desde varios aspectos: ya sea en un periódico, en un programa de televisión, al sintonizar la estación de radio favorita, o en empresas e instituciones preocupadas por mejorar su imagen ante la sociedad. Es aquí donde recae esta breve reflexión.

La prensa en crisis

A nivel mundial, los periódicos sufren una de sus peores crisis. El caso más mencionado, y que cabe la pena recordar, es el del New York Times. La inversión que hiciera el mexicano Carlos Slim en enero pasado, por una cifra de 250 millones de dólares, ha sido insuficiente. En los primeros días de marzo el influyente diario neoyorquino aplicó una estrategia de “venta-alquiler” de sus instalaciones ubicadas en Manhattan, a través de la cual espera recibir más de 220 millones de dólares y con ello sanear las deudas adquiridas por la empresa.

En México la situación no es diferente. A principios de diciembre de 2008, Grupo Reforma anunció el cierre del diario Palabra de Saltillo, perteneciente a esta poderosa cadena de medios impresos mexicana, dueños de diarios como Reforma y El Norte. La empresa emitió una editorial en su última emisión, arguyendo un incremento de hasta el 50% en los costos de producción causado por la devaluación, por lo que ya no resultaba negocio.

Con la carencia de cifras claras y actuales sobre los niveles de tiraje de los diarios mexicanos, debido a la falta de una democratización de los medios, se puede asumir que una de las principales medidas que se han adoptado para evitar caer en números rojos es la reducción en la impresión diaria (tiraje) con el fin de ahorrar recursos en constante aumento de precio, como lo es el papel y la tinta.

El recorte de personal también ha sido una estrategia utilizada por los medios nacionales, con lo cual ahorran recursos sin sacrificar aspectos de producción.

El inevitable círculo vicioso para los medios masivos

La crisis financiera impactará indirectamente a los medios masivos. A la par que Televisa y Televisión Azteca, principales cadenas de televisión en México, reflejan la dependencia a la publicidad nacional e internacional, las empresas nacionales y transnacionales experimentan una fase de austeridad y manejo racional de sus recursos, por lo que resulta un círculo vicioso con la inevitable disminución de ingresos brutos.

Al igual que en la empresa periodística, las cadenas de televisión mexicanas padecen del incremento de sus operaciones, contrastado por la inevitable baja de recursos ocasionado por la pérdida en ventas de productos televisivos.

En el caso específico de Televisa, se deduce que la apuesta principal para este 2009 será la expansión de sus negocios en el terreno de juegos y sorteos. A través de lo que analistas califican como “un polémico permiso”, Televisa recibió en 2006 luz verde para operar casas de juegos, que en la actualidad tienen nombre propio como Play City y Multijuegos. Sin duda, los recursos que generarán estas casas servirán al consorcio para alcanzar los objetivos de ganancias que tienen planeados para el presente año.

La consultoría de comunicación: más a la baja

En México, el uso de la consultoría de comunicación por parte de organizaciones no ha sido una prioridad. Desde la llegada de una visión de comunicación organizacional y corporativa, en la década de los 90, las organizaciones mexicanas le han dado la categoría de “lujo prescindible” a los beneficios que puede brindar la comunicación en sus procesos. Los esfuerzos que se ven son por parte de las grandes empresas transnacionales (tales como Bimbo o Cemex), y su uso es parte de una reacción a la tendencia adoptada por transnacionales estadounidenses y europeas.

En este contexto, resulta un hecho que la disminución de uso en servicios de consultoría de comunicación será drástica, poniendo en riesgo no sólo la existencia de las empresas que se dedican a esto, sino también se pone en riesgo los pocos pasos que se habían dado para la consolidación y valoración de esta disciplina en México.

¿Crisis de comunicación en el Gobierno?

Así es. El Gobierno Federal está en crisis comunicacional. Pero, a diferencia de los casos expuestos, no se trata de recursos económicos sino de formas de ejercer la profesión en el sector gubernamental.

¿Por qué el Gobierno gastará en 2009 casi el doble de lo que gastó en comunicación social y difusión en 2008? Durante el 2008 se autorizó un gasto inicial de 803 millones de pesos para los rubros mencionados, y el gasto se incrementó a cerca de mil 100 millones. Para este 2009, se aprobó el uso de mil 791 millones de pesos, aplicables en programas de comunicación social y difusión bajo lineamientos autorizados en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2008.

¿Por qué gastar dicha cantidad en un año electoral? ¿Por qué gastarla cuando debería ser uno de los rubros de ahorro del Gobierno? Nunca se entenderán los dobles discursos oficiales.

José Woldenberg comentó en el diario Reforma que sería lamentable que se tratara de una compensación a los dueños de los medios en México por la ley del COFIPE, donde los partidos políticos ahora usan los tiempos oficiales para su difusión. Esto, debido a que la cantidad que gastará el Gobierno en comunicación es similar a la supuestamente ahorrada para la propaganda en la campañas políticas de 2009.

Mentalidad preactiva versus mentalidad proactiva

¿Hasta qué punto es válido quedarse lamentando por las adversidades? No es bajo ninguna circunstancia válido, porque la parálisis provoca más incertidumbre e incluso retroceso. Esta reflexión no se ha escrito con la finalidad de dar un manual de soluciones para cada caso, pero sí poder extender el contexto en el cual se ha desempeñado la comunicación en México.

México y sus organizaciones se han desempeñado con una actitud preactiva, es decir, que reaccionan cuando las condiciones de crisis e incertidumbre están presentes y no antes para evitarlas. La crisis es un pretexto que, en un plano positivo, puede utilizarse como motor de ese cambio de mentalidad a una proactiva, donde el Estado, el mercado y la sociedad en general replanteen los métodos y formas tradicionales de ejercer la comunicación.

En distintos medios y análisis que han abordado el tema de la crisis, surge algo que debe tomarse en cuenta: Las grandes ideas no están en crisis y serán las únicas que trazarán el nuevo rumbo en todos los ámbitos.

Las empresas periodísticas no están en crisis desde hace unos meses. Están en crisis desde el momento donde no han logrado adaptarse a los cambios sociales, como la adaptación total a las nuevas tecnologías, la disminución del uso indiscriminado que hacen de los recursos naturales, así como la falta de una visión moderna que fije las tendencias hacia nuevos esquemas de financiamiento a través de publicidad vía internet, entre otras.

Los medios masivos no deben pensar que el abrir nuevos mercados, incluso desconocidos en México, los librará de las turbulencias económicas. Deben estar preocupados por hacer contenidos de mayor calidad, acordes a una sociedad de la información donde los modelos tradicionales de entretenimiento y esparcimiento han dado un giro sin retorno.

Las pequeñas y medianas empresas, así como organizaciones de la sociedad civil, instituciones y grandes multinacionales deben contextualizar en México los beneficios que ha brindado la consultoría de comunicación en países como Estados Unidos, con el objetivo de usar su potencial como agente de cambio y movimiento hacia una nueva dirección moderna y funcional para la sociedad.

El Gobierno no tendría por qué utilizar una cantidad tan elevada para difundir programas oficiales, ya que las grandes ideas no son directamente proporcionales a la cantidad de recursos que se inviertan en ellas. Asimismo, no es válido enrarecer un año electoral aprovechando el desinterés y la ignorancia de la sociedad mexicana, así como de los intereses grupales del corporativismo nacional.

Es sólo cuestión de reflexionar.

Las falacias de Salinas Pliego

Jaime Hernández Gómez
jaihergom@gmail.com

RICARDO SALINAS Pliego, concesionario de TV Azteca, confesó la estrategia que efectúo con Televisa en la transmisión simultánea de los promocionales de los partidos políticos en los primeros 12 días de las precampañas electorales. Ello confirma la actitud desafiante de los empresarios de la televisión en el cumplimiento de las leyes electorales.

En conferencia ante estudiantes del Instituto Tecnológico de Monterrey, el 20 de febrero, Salinas Pliego declaró: “el problema era si hacíamos un corte a una hora y Televisa a otra, mi audiencia se iba a perder y viceversa, entonces lo lógico fue ponernos de acuerdo. Para no perder la audiencia, ni la tuya ni la mía, vamos a hacerlo al mismo tiempo, todos vayan al baño, háganse un sándwich y regresamos en 6 minutos.”

La confesión del concesionario no hace más que reflejar la manera de utilizar la pantalla televisiva para defender sus intereses particulares. Sin embargo, en dicha conferencia emitió un discurso más amplio en el que emitió una serie de declaraciones, las cuales resulta conveniente aclarar.

Nos quieren colocar 23 millones de spots

Recuperando el discurso localizado en portal Youtube, el concesionario menciona: “ahora nos pretenden colocar 23 millones de spots, de 1.6 a 23 millones. No es cuestión de ver cómo nos acomodamos, es que no lo podemos hacer, lo vamos a vomitar.” Esta afirmación es utilizada de manera retórica puesto que no se aclara que los promocionales serán transmitidos en la totalidad de medios electrónicos de comunicación a nivel nacional.

Cada ciudadano no puede escuchar u observar, al mismo tiempo, todas las estaciones de radio (1488) y televisión (733). Si tomamos en cuenta el número máximo posible, la cifra asciende a 14 mil 668 spots. Esta cantidad la obtenemos al multiplicar las tres variables pertinentes: los días electorales (153), los minutos diarios (48), y los spots de 30 segundos (2 por minuto).

No obstante, esta cantidad podría reducirse de manera significativa si tomamos en cuenta que una persona, en promedio, no sintoniza un medio de comunicación por más de 9 horas diarias, y tampoco observa de manera continua la programación. Es común que la audiencia practique el zapping, es decir, que le cambia a la estación cuando se transmiten los comerciales.

Los ingresos por publicidad política no constituyen más de 3% de las ventas.

Salinas Pliego afirma: “mucha gente erróneamente piensa que las televisoras perdimos un gran negocio por no venderles a los políticos, es un error quiero decirle, las ventas de política en los últimos 12 años, en mi caso no llegan a 3% de las ventas.” Esta afirmación minimiza los recursos que los partidos políticos, durante la campaña 2006, invirtieron en la radio y la televisión; mil 983 millones de pesos.

No obstante, dicha cantidad constituye sólo una parte de la publicidad política, la otra corresponde a los ingresos que obtienen las televisoras por las campañas que se efectuaban en las entidades federativas donde también se eligen gobernadores, diputados y ayuntamientos municipales. Esto sin contar los recursos que en materia de comunicación social invierte los gobiernos, a nivel federal y local.

Encantado de que no me compren, pero que no me roben…

Como observamos, no es creíble que los concesionarios estén encantados de dejar de recibir miles de millones de pesos por vender publicidad a los partidos políticos durante las contiendas electorales. Ahora bien, a ello alude Salinas Pliego: “Yo encantado de la vida que no vengan conmigo y no me compren, pero una cosa muy diferente es que es que me roben. Es como si llegaras a Wal-Mart y dices qué caro están las cosas y sales sin pagar.”

Desde la aprobación de la reforma electoral, algunos conductores de televisión mencionaban que los legisladores, con la nueva legislación, expropiaban tiempos en la radio y la televisión, y que por ende no sólo se dejaba de comprar, sino se les robaban sus espacios.

Sin embargo, lo que se estableció con las medidas electorales fue la modificación del uso de los denominados tiempos del Estados, los cuales no son nuevos pues existen desde hace 40 años. Generalmente son utilizados para la difusión de la publicidad del gobierno, sin embargo, ahora, durante las precampañas y campañas se ocuparán, en su mayor porcentaje, para difundir la publicidad de los partidos y serán administrados por el Instituto Federal Electoral.

Los medios no pertenecen al pueblo de México

Salinas Pliego continua afirmando: “de ninguna manera puedo decir que los artistas pertenecen al público y pertenecen al pueblo de México, o que las cámaras o foros de televisión son del pueblo de México, son dinero que cuesta mucho producir y eso nos lo están expropiando.”

Es cierto que las cámaras, micrófonos o instalaciones de los medios de comunicación no son propiedad de los ciudadanos. Lo que constituye un bien público es el espectro radioeléctrico, ubicado en el espacio aéreo, por el que transmiten su señal las empresas radiodifusoras para poder llegar al aparato receptor del público, y así comercializar sus espacios a través del rating.

Para poder utilizar el espectro, los radiodifusores deben obtener un permiso o concesión ante el gobierno federal, quien a su vez establece una serie de requisitos y contraprestaciones, uno de los cuales consiste en poner a disposición del Estado un determinado tiempo para la difusión de temas educativos, culturales y de orientación social, como pueden ser la publicidad de las precampañas y campañas políticas.

Conductas atípicas confesadas

Durante los primeros días de las precampañas electorales, Televisa y TV Azteca transmitieron los promocionales de los partidos y el IFE con varias “conductas atípicas”, entre las que destacan: el empaquetamiento en tres minutos por hora, la emisión de cortinillas aclaratorias antes y después de los promocionales, e incluso, la interrupción de programas deportivos como los partidos de futbol.

En este sentido, el concesionario de TV Azteca explica: “cuando nos llegan estas pautas a las dos televisoras y nos dicen 3 minutos por hora, decimos: muy bien, vamos hacer un corto de 3 minutos; le mencionamos al público que lo lamentamos, que lo tuvimos que hacer, y que regresen en un rato cuando esté la programación que querían ver.”

Cabe señalar que las irregularidades observadas en ambas televisoras fueron perdonadas por los consejeros electorales del IFE el 13 de febrero, lo que ha generado a una serie de críticas en la opinión pública, sin embargo, debido a que tres partidos políticos (PRD, PSC y Convergencia), cinco días después, presentaron su inconformidad ante el Tribunal Electoral por la resolución del instituto, se prevé un seguimiento en la discusión del conflicto.

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La Reforma Espejo

Beatriz García A.
btygaac@gmail.com

Fast track; las últimas dos reformas en el marco jurídico de la Radio y la televisión se han caracterizado por estar inmersas en esta dinámica de aprobación en el Congreso de la Unión. El primer Fast track en esta materia tuvo lugar en 2005, con la llamada Ley Televisa. El último se dio el 17 de febrero del año en curso, con la Reforma Espejo que se aprobó en el Senado, sin debate previo, con 75 votos a favor, 3 en contra y 4 abstenciones, y a la que se le excusó de dos lecturas, se le omitió del orden del día. Esta reforma, sin embargo, difiere en intenciones y contenido, de la del 2005, pues con ésta se llenan algunos de los vacíos legales, que complicaban las acciones del Instituto Federal Electoral.

El dictamen presentado por el senador Ricardo García Cervantes, adecua las disposiciones establecidas en la Reforma Electoral, de modo que aquello que se plasmó en el artículo 41 de la Constitución y en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) se vea reflejado en la Ley que regula a los medios de comunicación. Ésta se da, luego de la controversia generada entre el IFE y las televisoras, quienes ante la obligación de transmitir los spots de los partidos políticos, incurrieron en “conductas atípicas”, lo que generó un debate sobre pautas en medios y sobre las atribuciones que el órgano electoral tendría.

En este tenor, los cambios que se realizan con la aprobación a este dictamen, son los siguientes:

Se adiciona en la Ley Federal de Radio y Televisión (LFRTV) la fracción VII al artículo 7-A, de manera que el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales se establece como de ordenamiento supletorio, únicamente en materia electoral.
El Art. 79-A de la LFRTV también sufrió cambios. Se definen las obligaciones que los concesionarios y permisionarios, tanto de radio como de tv, tendrán en materia electoral, tales como suspender propaganda gubernamental en campañas electorales, transmitir íntegramente y en los horarios y pautas señaladas por el IFE, los programas que determine éste, además de abstenerse de comercializar tiempo de programación a partidos políticos, ya sea de manera directa o a través de terceros.
De igual forma, el Artículo 12-A, en el cual se señalan las facultades del órgano electoral, entre las que se encuentran la administración de los tiempos de Estado y atender quejas y denuncias por la violación de las normas e imponer las sanciones correspondientes.
El actual artículo 59-Bis, se convierte en 59-TER y se adiciona un artículo 59-BIS, con lo que se ratifican los 48 minutos que el IFE tiene a su disposición a partir de las precampañas y hasta la jornada electoral, en cada estación de radio y tv
También una fracción al artículo 64 con lo que se refuerza la prohibición de emitir mensajes que contravengan lo dispuesto por el COFIPE.

Si bien, los cambios que se dan el 17 de febrero, norman y refuerzan al organismo electoral en cuanto a sus atribuciones, le dan un mayor control en tiempos oficiales y en manejo de spots, también le quitan los “dientes” que en un principio contenía el dictamen, en éste se establecía que en caso de que los concesionarios incurrieran en violaciones a la ley electoral de manera grave y sistemática, el IFE tendría la atribución de pedir de manera directa a la SCT, la revocación de la concesión o permiso de Radio y de Televisión.

Hoy día, con las nuevas reglas, el IFE sí podrá aplicar sanciones tales como multas o amonestación pública, y en caso de infracciones graves, según la adición del artículo 107, podrá únicamente, y -no sin antes escuchar a los concesionarios- dar aviso a la SCT, que para estos efectos, será la autoridad competente. De ahora en adelante, las posibles suspensiones o revocamiento de concesiones, que el Consejo General pudiera acordar, estará sujeta a la interpretación de la SCT.

La minuta que reforma la LFRTV fue turnada a la Cámara de Diputados, en donde ya fue discutida y aprobada por la Comisión de Radio y Televisión, específicamente por las bancadas del Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional, aunque aún falta su discusión y aprobación en el Pleno

Nada nuevo hay en torno a los cambios hechos, se trata solo de una reforma espejo que reproduce lo dispuesto en la Reforma Electoral a la Ley Federal de Radio y Televisión, luego de que concesionarios abrieran la posibilidad de ampararse ante el COFIPE, pues argumentaban el marco jurídico que los regulaba era el de la Ley de Radio y Televisión y no otras disposiciones.

La reforma, a pesar de haber sido presentada de manera sorpresiva, excusándosele del debate público por posibles presiones, ha sido considerada como un avance luego de que el proyecto estuviera congelado desde el anterior periodo ordinario de sesiones, perfectible dirían, pero positiva.