Gustavo Ríos
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La radio y la televisión son el referente nato en la búsqueda de cualquier asunto de interés público; los asuntos que informan en sus frecuencias impactan en el quehacer cotidiano como afirmación o negación de un hecho, tal y como lo afirma Luigi Ferrajoli “son un poder político penetrante e insidioso, que se utiliza para promover intereses mediante la desinformación y la propaganda”, de ahí su importancia en los procesos electorales.
Si la participación activa en las campañas políticas de la industria de la radio y la televisión es altamente cuestionable por tratarse de concesiones para prestar actividades de interés público, lo es aún más la participación de aquellos medios considerados públicos en dichos procesos de elección.
Hoy vemos que estos “medios públicos” son utilizados como ventana a los candidatos del partido del gobierno que subsidia su frecuencia, como ejemplos los canales de los gobiernos locales, como el canal mexiquense o incluso, el hasta hace poco respetado, canal once del Politécnico Nacional.
Que todas las noches los noticieros locales editorialicen las actividades del gobernador, que los programas de opinión no critiquen sus fallas o que en pleno proceso electoral se realicen programas especiales a deportistas o artistas quienes hoy compiten por un puesto de representación refleja los vacíos en su régimen legal en materia electoral y de financiación tienen tales medios públicos ¿Qué y quién prohíbe a quien utilice así a tales medios? ¿Qué y quién castiga por ese indebido uso? ¿Quién debe ser castigado? ¿De qué manera? ¿Cómo generar esa independencia editorial y financiera?
Resolver estos puntos es una cuestión impostergable para garantizar las libertades de expresión e información, que como lo confirman la Suprema Corte de Justicia, la Teoría Política, los Tratados Internacionales y hasta la Constitución Mexicana, hoy estos son los pilares esenciales de toda democracia.
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