La sangre de Atenco

Héctor Alejandro Quintanar
hector7185@hotmail.com

El Estado, definió el sociólogo Max Weber, ostenta el monopolio de la violencia pública legítima. Ello en función de que, como había dicho Marx, el Estado es la plataforma que ayuda a la clase dominante a imponer su dominio sobre las mayorías. Sobre esta idea de Estado se adscriben instituciones como el Ejército y la Policía.

Mucho antes, el filósofo Thomas Hobbes había argumentado que el ser humano es un cúmulo de pasiones, y ante el hecho de que la existencia humana es inconcebible fuera de esa agrupación que llamamos “sociedad”, ¿qué pasaría cuando dichas “pasiones” se exacerbaran en perjuicio de la paz y la armonía, que son, de acuerdo al inglés autor del Leviatán, los objetivos de toda convivencia entre individuos?

Para ello está el Estado: ese “dios” mortal y artificial que sirve para lograr la paz entre los individuos, ante la imposibilidad de que éstos, salvo por acuerdo mutuo, puedan vivir ajenos a conflictos.

La lucidez filosófica de estos autores nada o muy poco tiene que ver con la cultura política mexicana actual que detentan diversos funcionarios.

Hace casi tres años, en plena brega electoral en 2006, un conflicto al parecer nimio desató un problema mayor: un grupo de floreros en Atenco fue quitado de la calle donde realizaban sus ventas. La inconformidad de ese grupo que, hay que decirlo, estaba ante todo tratando de trabajar, se aderezó con la caravana del subcomandante Marcos llamada La otra campaña.

Esta expresión rebelde llevaba a cabo una movilización ciudadana como protesta pacífica ante el desprecio que, también hay que decirlo, la mayoría de los políticos, enquistados en todos los partidos, siente por los eternos marginados: los indígenas.

Si bien es cierto que Marcos parecía más bien tener un duelo personal con López Obrador, la legitimidad de La otra campaña estaba fuera de duda. La imprudencia de los dirigentes de ésta es ya otro cantar.

Poco tiempo después de haber estado en Ciudad Universitaria, el entramado de La otra se dirigió al Estado de México, muy cerca de la fecha fatídica, 4 de mayo, donde por un “operativo” tremebundo, las autoridades tanto estatales como federales diluyeron la protesta de los atenquenses movilizados.

El enfrentamiento fue arduo: los macheteros de Atenco se defendieron con armas caseras ante el embate de los cuerpos policíacos. La Policía Federal Preventiva, en ese entonces comandada por Genaro García Luna, actuó con una brutalidad de campeonato, al grado de que muchos de sus agentes repartieron macanazos letales incluso a los perros que por ahí pasaban.

No fue la agresión a los canes lo más lamentable de ese sangriento episodio, los arquitectos del “operativo” (entre ellos un carnicero mendaz de nombre Wilfredo Robledo, cuya animalidad monstruosa le impide incluso expresarse con corrección y claridad al hablar) llevaron su movimiento a lo indecible: catearon casas ilegalmente, golpearon a sujetos que ni la debían ni la temían, efectuaron violaciones contra mujeres detenidas (crimen vergonzante que no tiene cabida en la palabra “humanidad”) y asesinaron a dos jóvenes: Javier Cortés (un niño de catorce años) y Alexis Benhumea (estudiante de la UNAM que ni siquiera había cumplido los 20).

Todo ello fue callado por las televisoras, las cuales difundieron hasta la náusea escenas donde los habitantes de Atenco –provocados y legítimamente enardecidos- golpeaban a los policías.

Dicho enfrentamiento no pudo tener entre sus partes a fuerzas iguales. Por un lado se trataba de segmentos de la sociedad protestando. Por el otro había decenas de policías armados y feroces, que habían sido instruidos por sus superiores para vejar y humillar a los que protestaban. Cualquier alusión a que los policías fueron a “imponer la ley” ante la protesta de los atenquenses es medieval estupidez.

La saña de las autoridades se hace manifiesta en el hecho de que, meses después, Ignacio del Valle (activista de Atenco, líder del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra) fue condenado nada menos que a ¡107 años de cárcel! Según esto, por su “ataque a las vías generales de comunicación”, entre otros “delitos”. ¿Qué castigo han recibido los policías y autoridades que perpetraron la herida nefanda al pueblo de Atenco? Nótelo usted: Wilfredo Robledo sigue libre, García Luna es ahora Secretario de Seguridad Pública y Enrique Peña Nieto (gobernador de la entidad) es precandidato presidencial de su partido.

Ahora, cabe preguntarse si en nuestro país… ¿el Estado es un “dios” mortal que confiere voluntades para la paz, según Hobbes? ¿Es legítima la “violencia” que impusieron en Atenco las autoridades institucionales?

Más bien parece que el Estado es un botín, y los gobernantes unos pandilleros dispuestos a usarlo en beneficio propio.

Hoy, la Suprema Corte de la Nación ha decidido exonerar al gobernador Enrique Peá Nieto, y a Eduardo Medina Mora, procurador de la república, por el caso de San Salvador Atenco. Lamentablemente, las redes corroídas del entramado estatal llegan hasta las puertas de la máxima instancia jurídica del país. Hacer justicia implicaría socavar la impunidad. Y ésta, para infortunio de todos, ha sentado sus reales desde hace mucho tiempo en nuestro dolorido país.

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