Federalización de Delitos contra Periodistas

Beatriz García
15 de diciembre de 2008

El pasado 26 de Noviembre, la Comisión Especial que da seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación, presidida por el diputado Gerardo Priego, presentó ante la Junta de Coordinación Política el cuerpo final de una iniciativa que por meses se estuvo preparando en reuniones con comunicadores, asociaciones civiles y demás miembros de su consejo consultivo.

Tal iniciativa, refleja la inquietud que en últimos años se ha mostrado respecto a la situación de impunidad que se vive en el país, concerniente a las agresiones que día con día han recibido periodistas y medios de comunicación, en el desempeño de su ejercicio periodístico.

En este sentido, la Comisión Especial que da seguimiento a estos casos, desde el año 2007 se dio a la tarea de organizar tres foros con el mismo tópico: la federalización de delitos contra periodistas.
El objetivo con esta federalización era, en palabras del diputado Priego, “atraer el caso, por ser precisamente un atentado a la libertad de expresión, y tratar de alejar la investigación de las mafias locales, -esté esta mafia dentro o fuera del gobierno-”.
En el transcurso de las deliberaciones de estos meses, se recibieron tanto en el Congreso como en la Comisión seis iniciativas, todas ellas tendientes a tipificar penalmente las agresiones en contra de periodistas y a llevarlas al fuero federal.

En mayo de 2007, el senador por el PRD, Carlos Sotelo envió una iniciativa en este sentido y para agosto de este año; Ruth Zavaleta, Alliet Bautista, Joaquín de los Santos y Victorio Montalvo, todos del grupo parlamentario del PRD, mandaron otra con el mismo objetivo, a estas debe agregárseles la que el mes pasado el Ejecutivo también presentó. Por su parte a la Comisión especial le fueron presentadas otras propuestas como la de la Sociedad Interamericana de Prensa, y la que en marzo de este año presentó la Subprocuraduría de Derechos Humanos, atención a víctimas y servicios a la comunidad y la Fiscalía de atención a delitos contra periodistas de la PGR.

Los proyectos mencionados, fueron materia de discusión y reflexión durante año y medio aproximadamente, entre los miembros de la comisión especial y los miembros de su consejo consultivo, el objetivo era crear una iniciativa incluyente que tomará en cuenta los antecedentes mencionados y la opinión de los actores involucrados. El resultado fue una iniciativa en la que como principales asesores jurídicos se contó con Luis Raúl González Pérez, abogado general de la Universidad Nacional Autónoma de México y con Perla Gómez Gallardo, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana.

Quienes participaron en la construcción del documento fueron cuidadosos en cuanto a hacer la distinción de a quién tutelaría la iniciativa, si al sujeto, en tanto periodistas -por lo que se llegó a trabajar semanas en la definición de lo que es y hace un periodista, pues se corría el riesgo de restringir o ampliar el concepto-; o en tutelar el derecho a la libre expresión que es un bien jurídico estipulado en la Constitución y demás tratados internacionales signados por nuestro país. En este tenor, se decidió que el bien jurídico a tutelar sería la libertad de expresión, de modo que no hubiera ningún tipo de exclusión o “discriminación” con la protección jurídica solo del gremio periodístico.

De esta manera, el documento final plantea la adición del artículo 430 al Código Penal Federal, que establece: “Se impondrán de uno a cinco años de prisión y de cien a quinientos días de multa al que, con el propósito de coartar el derecho de una persona a expresarse y difundir libremente sus pensamientos, ideas, opiniones e informaciones perpetre en su contra algún acto tipificado como delito en este código”
En este mismo artículo se manifiesta que en caso de que el perpetrador del delito sea un servidor público –como se ha visto, es común ocurra-, la pena podrá aumentar hasta en una mitad.

Por otro lado, hay una reforma al artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de modo que la federalización quede establecida en lo que respecta a los delitos cometidos en contra de la libertad de expresión y se concluye con la adición del articulo 116 del Código Federal de Procedimientos Penales, en donde se estipula como responsables de la investigación, tratándose de estos casos, al Ministerio Público de la Federación y como corresponsables coadyuvantes a las autoridades locales. Cabe mencionar, que el proyecto presentado, también plantea la creación de una subprocuraduría que persiga estos delitos, en lugar de la Fiscalía para delitos contra periodistas de la PGR.

Luego de la presentación de la iniciativa, los miembros de la comisión y el consejo consultivo se mostraron satisfechos. Por su parte, el Ombudsman capitalino, Emilio Álvarez Icaza comentó que lo que hacía falta era “una acción poderosa del Estado mexicano que le diga a su sociedad que toma como bien superior a tutelar la libertad de expresión, que lo que le pasa a los periodistas es un agravio a la sociedad toda”. Darío Ramírez, director de la organización Artículo 19, comentó su pláceme por la presentación de la iniciativa a la cual dijo, se llegó tarde pues en últimas fechas, las agresiones a periodistas han ido en aumento, sin embargo, dijo estar contento, pues es un gran paso para el gremio periodístico, para la sociedad misma en tanto se procura el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información.

En cuanto a los coordinadores de los grupos parlamentarios, la iniciativa fue bien recibida, tanto que el coordinador del PRD y presidente de la Jucopo, Javier González Garza, advirtió que harían de ellos la propuesta y la impulsarían en acuerdo con los demás partidos, de tal manera que sea aprobada antes de que termine el período ordinario de sesiones.

De esta manera, se sigue en espera de que los legisladores, los coordinadores parlamentarios y miembros de la Jucopo asuman la responsabilidad y compromiso que tomaron el pasado 26 de noviembre en San Lázaro, para la aprobación de la iniciativa que sería un primer paso para erradicar en cierta medida la impunidad que ha distinguido el seguimiento a las agresiones a informadores en los últimos años.

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