Política. Los 100 días

Eduardo Rodríguez Soto
 
 
La realidad desbarrancó a los discursos y el gobierno Federal comienza a aceptar que para hacer frente a la delincuencia organizada no basta con el ejército en las calles sino desarticular al peor enemigo; el que se encuentra dentro de las instituciones: funcionarios de todos los niveles que protegen y están coludidos con el crimen.
 
El Acuerdo Nacional por la Justicia, la Seguridad y la Legalidad suscrito por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, por los gobernadores de todos los estados y la sociedad civil el pasado 21 de agosto en Palacio Nacional, durante la 23 sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, cumplió ya los 100 días en los que las autoridades gubernamentales se comprometieron a arrojar resultados.
 
En el balance, Felipe Calderón asegura que será aún difícil la batalla, pero que el gobierno no claudicará. En el discurrir de estos 100 días, en México se han vivido acontecimientos poco alentadores: las ejecuciones ligadas al narco no cesan; en un hecho antes no visto, Narcomantas saludaron al presidente en vísperas de su segundo informe; la ciudad de Morelia entristeció la noche del 15 de septiembre mientras imperaba el frenesí del ¡Viva México!
 
Y la desventura continúa: Gerardo García Luna, titular de la SSPF, también en días septembrinos anunció que las policías del país están infiltradas por el crimen organizado, o, lo que es peor, que el crimen está repleto de policías; Juan Camilo Mouriño, mano derecha de Calderón, murió. Y la crisis económica mundial asfixia al país;  el 20 de noviembre la PGR detuvo al ex titular de la Subprocuraduría de la Siedo, Noé Ramírez Mandujano, por estar, presuntamente, vinculado con el cártel del los hermanos Beltrán Leyva. Duros 100 días.
 
En la guerra contra el crimen organizado al gobierno no le quedó de otra y acepta rotundamente que el enemigo también está en casa. El caso del joven Alejandro Martí develó que una secuestradora perteneció a las filas de la AFI. El efecto dado desenmascaró que la corrupción y la impunidad en este tipo de casos, como en el narco, es posible porque los protectores están dentro del gobierno.
 
 
Antecedentes
 
El 15 de enero de 2006, el diario Milenio dio cuenta, en sus ocho columnas, que un informe de la CIA (Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos)  reveló que “el tráfico de estupefacientes y de personas de México hacia Estados Unidos se debe, en gran parte, a la complicidad que existe entre funcionarios del Estado mexicano con miembros de diversas organizaciones delictivas que operan en el país.”
 
Además, dicho informe enfatizó que “las redes criminales están con frecuencia implicadas en corromper y penetrar a funcionarios del Estado mexicano”, por tanto, señala: “La aplicación de la ley local o de los estados impide a menudo investigaciones a fondo y, en consecuencia, los resultados son nulos contra la delincuencia organizada.”
 
En mayo pasado, en entrevista con Escrutinio, el analista Carlos Fazio aseguró que el asunto del narcotráfico va más allá de las armas porque su estructura opera desde las entrañas del “Estado”. De esta manera, el narcotráfico puede lavar dinero con la complicidad de legisladores y empresarios; recibe protección de cúpulas militares, policíacas y gubernamentales, y en el ámbito de la justicia, “también encuentra resquicios para salirse con la suya.”
 
“Cuando hablamos de crimen organizado, en un país como México, un país que tuvo una hegemonía de un presidencialismo exacerbado durante 71 años y ahora una sucesión vía el PAN de lo mismo,  un negocio tan lucrativo como el del crimen organizado no se puede concebir sin una administración, entre comillas, estatal,” apuntó.
 
Los discursos de Calderón en los primeros meses del año eran lo bastante optimistas. Recién lanzó al ejército a las calles, el primer mandatario anunciaba: “Le vamos metiendo muchos goles al narcotráfico.” No obstante, con el asesinato de Edgar Millán, el cerebro de la PFP, el presidente arremetió con un discurso en el que llamó al Congreso, al poder Judicial, a los medios de comunicación y a la ciudadanía a comprometerse, cada quien en lo que le corresponde, en el frente contra el narco.
 
Al respecto, Carlos Fazio, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, refirió: “El ‘ya basta’ tiene que ver con un problema de impotencia. Calderón pensó, tal vez como le pareció a Bush en la invasión a Irak, que hacer guerra era un día de campo o un paseo de fin de semana. Pensó, siguiendo a quienes le vendieron el proyecto, los Estados Unidos, que le tema de la guerra al crimen organizado era muy simple y que le podía ser a la vez muy funcional para legitimarse en el gobierno, luego del fraude electoral.”
 
En su primer informe de gobierno, Calderón anunció que en la batalla contra el narcotráfico uniría a la PGR, a la PFP y a la SSP Federal, y apuntó: “Es mi deber recordar a la población que esta será una batalla larga y difícil, que tomará mucho tiempo, que implicará enormes recursos económicos, y, por desgracia, también costará vidas humanas.”
 
Y la cifra de los muertos, tanto de criminales como de policías, es ya histórica. Cada día se rompe un nuevo récord. Van más de 4 mil muertos en este 2008, casi 50 por ciento más que en 2007. Los primeros dos años de gobierno de Felipe Calderón demuestran que no hubo nunca una estrategia bien planeada para hacer frente al crimen organizado. La Operación Limpieza arranca por donde debió haber comenzado “la guerra”: por las mismas instituciones de gobierno.

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