Empresarios: ¿Cuál libertad de expresión?

Jaime Hernández Gómez

Gran polémica ha desatado en los días recientes la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en la que declara que los spots emitidos por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), durante la campaña electoral de año 2006, sí violaron las disposiciones normativas electorales vigentes, perjudicando con ello la campaña de Andrés Manuel López Obrador. 
                Dicha decisión fue emitida en la resolución del pasado 29 de octubre. En ella el Tribunal menciona que el IFE debe sancionar al Partido Acción Nacional, al Partido Revolucionario Institucional, y al Partido Verde Ecologista de México, debido a que fueron beneficiados  por la campaña del CCE, y no avisaron al IFE para que se suspendiera la emisión de los spots.
                Después de la resolución los detractores de la recién reforma electoral, principalmente las televisoras y el mismo CCE, calificaron la acción del Tribunal como un retroceso y atentado contra la libertad de expresión, puesto que en el spot sólo opinaban sobre el modelo económico existente sin apoyar o perjudicar a algún candidato. Por su parte los partidos políticos mencionan que impugnarán la multa que establezca el IFE.
                La resolución del Tribunal en contra de los promocionales de los empresarios del CCE se emite en un contexto en el cual todavía se discute sobre la reforma electoral recién aprobada, en el que un sector empresarial de la sociedad menciona que constituye un atentado en contra de la libertad de expresión al prohibirles la posibilidad de contratar propaganda electoral.
¿Los spots del CCE fueron ilegales?
Según el artículo 48 del Código Electoral, para entonces vigente, señalaba: “En ningún caso, se permitirá la contratación de propaganda en radio y televisión a favor o en contra de algún partido político o candidato por parte de terceros.” Los únicos facultados para contratar propaganda electoral eran los partidos políticos.
                Uno de los dos spots contratados por el CCE mencionaba lo siguiente: “A lo largo de los últimos 10 años el país ha creado los mecanismos e instituciones necesarias para que cada día surjan más pequeños empresarios que puedan hacerse de un patrimonio y puedan sacar adelante a sus hijos. Ese es el gran camino para México: crecer, porque al crecer uno, crecemos todos, apostarle a algo distinto es retroceder, defendamos lo que hemos logrado. Consejo Coordinador Empresarial.”
                Al analizar el spot del CCE, en primera instancia se puede pensar que el mensaje mostraba sólo una opinión que no beneficiaba o perjudicaba a algún candidato, sin embargo, contextualizado el hecho, en ese momento la campaña del PAN manejaba un discurso muy similar, calificando a las propuestas de la Coalición por el Bien de Todos como un retroceso, por lo que el mensaje del CCE en la misma sintonía, beneficiaba al PAN y perjudicaba a López Obrador.
¿Qué pasará ahora con la reforma electoral?
Cabe señalar que el IFE en el 2006, a pesar de no actuar de manera inmediata, ordenó la suspensión de la difusión de los promocionales del CCE, sin embargo no emitió ninguna sanción, debido a que en el Código Electoral no se mencionaba la sanción correspondiente. Este es el argumento principal de los partidos que deberán ser sancionados a raíz de la resolución del Tribunal Electoral han mencionado. Por qué el Tribunal ordena la sanción de los partidos y no del CCE. 
                A raíz de la intervención de terceros en las campañas electorales (como fue el caso del CCE), con la reforma constitucional en materia electoral publicada en 13 de noviembre de 2007, se elevó a la carta magna la disposición que prohíbe a particulares contratar propaganda electoral en radio y televisión “dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargo de elección popular.”
                Con lo anterior, también se establecieron las sanciones correspondientes, por lo que ahora el IFE deberá sancionar las intromisiones de terceros en la competencia electoral. De acuerdo con el artículo 354 del actual Código Electoral a quienes contraten propaganda se les sancionará con el doble del precio comercial del tiempo, y los concesionarios que vendan los tiempos se les sancionara, comenzando con una amonestación pública, e incluso hasta la suspensión de tiempos de comercialización.
Conclusión
La resolución del Tribunal Electoral en el que se ratifica la ilegalidad de los spots contratados y difundidos por el CCE en la campaña electoral de 2006 demuestra que el argumento de los empresarios, al señalar que la reforma electoral recién aprobada atenta contra la libertad de expresión, no se sostiene. Esto porque la disposición que ellos han impugnado, mediante la interposición de amparos, ya estaba establecida en el anterior código electoral, y que su elevación a rango constitucional corresponde principalmente a dos justificaciones: para suscribir las sanciones correspondientes, y obstaculizar que los actores particulares pudieran ampararse.
                En el último caso, la Suprema Corte de Justicia ya señaló que el amparo no procede en contra de las disposiciones constitucionales, sin embargo debido a que dejó la posibilidad a que se revisará por caso de fallas en el procedimiento legislativo, habrá que estar pendientes de lo que suceda con las resoluciones de los jueces de distrito, pues existe la probabilidad de que éstos otorguen el amparo a un particular, y con ello echen al traste la nueva reforma electoral. 

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