La reforma energética, inconstitucionalidades y la vía para la impugnación

 Samir Zapot López
 
La reforma energética aprobada el pasado martes 28 de octubre tiene dos omisiones fundamentales que, en la premura de PRI-PAN-PVEM-PRD Nueva Izquierda por aprobar la minuta del Senado, dejaron pasar sin sopesar las consecuencias. Esta acción no sólo deja abierta la posibilidad de la participación discrecional de la iniciativa privada, también abre la rendija de la impugnación en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
 
En la minuta del Senado, se contempla la reforma al artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la cual considera como efecto de protección del Estado los minerales radioactivos pero olvida establecer explícitamente la protección del Estado a la energía nuclear, como lo pidió el Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear. Esta negligencia no es menor, toda vez que surge otra posibilidad para que terceros privados lucren con la generación de energía nuclear.
 
El otro punto controvertido es el de los llamados bonos ciudadanos, los cuales son a todas luces inconstitucionales debido a que contraviene el artículo 27 constitucional en el que establece que el petróleo está bajo dominio directo de la nación.
 
Cabe aclarar que PEMEX es un organismo público descentralizado que el Estado crea con al finalidad de ocuparse de la comercialización y explotación de los hidrocarburos propiedad de la nación. Pues bien, de entregarse los bonos ciudadanos se incurre en un atropello a la propia Constitución, pues se estaría considerando como una empresa particular que reparte las ganancias provenientes del petróleo entre particulares, cuando estos recursos son originariamente propiedad de la nación.
 
Además, los límites para que los bonos puedan ser adquiridos por una sola persona están restringidos al .1% de la emisión, pero no específica cuantas emisiones se harán de los bonos, lo cual abre la posibilidad de acaparamiento. Por otro lado es un esquema, además de  inconstitucional, injusto, pues no todos los ciudadanos podrán participar en él.
 
Las anteriores son razones de peso para declarar la inconstitucionalidad de la reforma, sin embargo, la SCJN resolvió el 2 de octubre que no es posible impugnar y revisar el contenido de una reforma a la Constitución.
 
La mayoría de ministros que integran la Suprema Corte llegó a la conclusión de que el máximo tribunal no puede declarar inconstitucional la propia Constitución que le toca proteger, y que, por lo mismo, no procede impugnar los cambios que le hagan.
 
Esta resolución se hizo luego de que grupos empresariales y organizaciones impugnaron las reformas constitucionales en materia electoral, y el Senado protestó en contra de la Corte.
 
Con la resolución de la SCJN se limita la revisión de las reformas a la Constitución, y sólo se deja la posibilidad de declarar inconstitucional el proceso legislativo, pero no así el resultado. En este sentido, la vía del amparo queda desechada como vía legal para impugnar una reforma constitucional.
 
El desafío para el Movimiento por la Defensa del petróleo que encabeza Andrés Manuel López Obrador será demostrar las deficiencias en el proceso legislativo y evitar así la aplicación de la reforma energética.
 

 
 

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