En riesgo las nuevas normas electorales

La Corte decide dar entrada a los amparos para revisar el procedimiento  de la Reforma Constitucional en Materia Electoral.
 
Jaime Hernández Gómez
 
Con nuevas reglas ha iniciado de manera formal el proceso electoral 2009, en el que se elegirán a los diputados del Congreso de la Unión, además de una serie de elecciones locales, en la cual destacan la elección de 6 gobernadores, alcaldías, jefes delegacionales y asambleistas del Distrito federal. De forma paralela y debido a la decisión de la Corte de dar entrada a la revisión de los amparos interpuestos contra la recién reforma electoral, se observan riesgos en la aplicación de estas nuevas disposiciones reglamentarias.
 
            Un asunto que ha generado discusión en la opinión pública, es el de los recursos interpuestos en contra de la reforma constitucional en materia electoral, promulgada en noviembre de 2007. Principalmente los amparos interpuestos, en el cual mediante resolución la Suprema Corte determinó el pasado 29 de noviembre y 2 de octubre, determinar la improcedencia en la revisión del contenido, pero la validez en la revisión del procedimiento de aprobación.
 
            El antecedente es sentado luego de la publicación de la reforma electoral, etapa en la que se interpuso un recurso de acción de inconstitucionalidad en contra de las reformas constitucionales; una en contra de las disposiciones legales, y un conjunto de amparos por parte de un grupo de intelectuales y organismos empresariales para protegerse en contra de la disposición que prohíbe a cualquier ciudadano, persona física o moral, contratar tiempos en los medios electrónicos para la difusión de mensajes que puedan influir en las preferencias electorales, favorecer o perjudicar a algún candidato.
 
            Con los recursos interpuestos regresó un debate de suma importancia: las reformas a la Constitución. Surgieron una serie de interrogantes, ¿Quiénes pueden reformar la Constitución? ¿El poder autorizado de hacerlo tiene facultades limitadas? ¿Quién puede revisar si las modificaciones constitucionales atentan contra las garantías individuales? ¿Qué recursos existen para los individuos para la protección de modificaciones constitucionales?
 
            De acuerdo al artículo 135 de la Constitución para poder reformar la Constitución se necesita la aprobación de 2 terceras partes de lo senadores y diputados del Congreso de la Unión, además de la aprobación de la mayoría de las legislaturas de los estados. No obstante, no señalan los límites del mismo poder para realizar modificaciones a la Carta Magna.
 
            Por otro lado, de acuerdo a los artículos 103 y 105, ningún mecanismo de control constitucional (amparo, acción de inconstitucionalidad y controversia constitucional) procede para controlar los preceptos de la propia Constitución. Con base en dichas acciones, el 26 de junio de 2008, la Corte determinó desechar la acción de inconstitucionalidad en contra de las reformas constitucionales, interpuesta por los partidos Convergencia y Nueva Alianza.
           
            Respecto a los amparos, éstos fueron rechazados en primera instancia por los Jueces de Distrito, sin embargo mediante recurso de revisión fueron atraídos por la Suprema Corte, quien mediante resolución el pasado 29 de noviembre y 2 de octubre, ordenó a los mismos Jueces revocar sus decisiones anteriores y manifestar la procedencia para la revisión de 27 amparos, entre ellos la promovida por el grupo de intelectuales, liderados por Federico Reyes Heroles.  
 
            La decisión fue aprobada por 6 votos contra 4. Entre los argumentos a favor se encontró la decisión emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Castañeda Gutman, resuelto el pasado 6 de agosto de 2008, en el que sugiere al Estado Mexicano promover medios para la defensa de los derechos fundamentales. Por su parte, quienes se manifestaron en contra lo hicieron mediante la justificación que la Constitución no da facultades a la Corte para dar entrada al juicio de amparo para la revisión de las normas constitucionales. Quienes pueden evaluar el procedimiento es el mismo Congreso de la Unión.
 
            Con la resolución, la Corte obligó a dar entrada de nueva cuenta a los amparos para la resolución de los Jueces de Distrito, haciendo énfasis en que la procedencia es para la revisión de la forma de aprobación de la reforma constitucional en materia electoral, y no en el contenido de la misma. Sin embargo, debido a que no existe jurisprudencia, en caso que el juez determine conveniente podrá analizar el recurso en los dos aspectos, con lo cual se pone en riesgo el otorgar los amparos, y al mismo tiempo se pone en riesgo el cumplimiento de las reglas en el proceso electoral en marcha.  
 
            Después de la resolución de la Corte, en el Senado de la república las respuestas no se hicieron esperar, el senador Ricardo García Cervantes de inmediato comentó que se llevarán las pruebas necesarias a la Corte para demostrar que el procedimiento de aprobación de las reformas se efectuó con el procedimiento adecuado. Además mencionó: “Se excedió la Corte y vamos a combatirla jurídicamente. Estamos de acuerdo en que se pueda revisar el procedimiento, pero no por la vía del amparo.”
 
            Para finalizar, es preciso señalar que el proceso puede durar muchos meses adicionales, en caso que los jueces de distrito desechen de nueva cuenta los amparos, quienes impugnan podrán solicitar de nueva cuenta el recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia, mientras tanto, las nuevas normas electorales seguirán en un estado de incertidumbre.

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