México y los intereses monopólicos

Jaime Hernández Gómez

 

Después de la resolución de la Suprema Corte en torno a desechar los artículos esenciales de la Ley televisa, de la legislación de la reforma electoral donde se eliminó el destino de cuantiosos recursos a los medios por concepto de la contratación de publicidad electoral y de la instalación de una comisión especializada para la legislación del tema, se abría la esperaza sobre la legislación sobre uno de los temas pendientes y medulares del sistema democrático: el sistema de medios de comunicación en México.

 

            La comisión de radio y televisión en el Senado avanzó en la invitación de distintos actores para la presentación de propuestas en torno a la legislación del sector, sin embargo los plazos indicados no se cumplieron. En el segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año de la Cámara de Diputados no se presentó ninguna iniciativa integral y con ello se pospuso el tema para mejor ocasión.

 

            La interrogante es: ¿Qué o quiénes obstaculizan la reforma al sistema de medios? La remoción de Santiago Creel como presidente del grupo parlamentario del PAN en el Senado, la renuncia de Javier Corral al CEN del mismo partido y el fracaso del senador Ricardo García Cervantes por la pretensión de la aprobación de la Ley Federal de Radio y Televisión que adecuara las disposiciones emitidas en la reforma electoral constituyen ejemplos donde se muestra la presencia de intereses particulares que obstaculizan la legislación en dicho sector.

 

            Es duopolio televisivo (Televisa y TV Azteca) y el oligopolio radiofónico constituyen actores de gran poder e influencia que les ha permitido, junto con otros intereses particulares, llevar a cabo lo que se denomina “captura del Estado”, el cual es definida como las acciones de personas, grupos o empresas en los sectores público y privado que influyen sobre la elaboración de leyes, regulaciones, decretos y otras políticas gubernamentales a su favor como resultado del otorgamiento ilícito y sin transparencia de beneficios privados para funcionarios públicos.

 

            La fuerza de los intereses privados en México, encarnado principalmente por las empresas monopólicas, ha sido objeto de recomendaciones para México de instancias internacionales como el Banco Mundial, quien en su Informe “Gobernabilidad Democrática en México: más allá de la Captura del Estado y la Polarización Social” sentencia: “Si México desea mejorar la gobernabilidad, impulsar la democracia y lograr un crecimiento sostenido, debería deshacerse de los grupos de interés y monopolios poderosos”.

 

El Informe de la instancia internacional menciona que la alternancia efectuada en el año 2000 generó una esperanza de la reivindicación del Estado frente a poderes monopólicos como por ejemplo la industria de la televisión. Ante una mayor división partidista en el Congreso, mejores reglas de competencia electoral, mayor transparencia en los asuntos públicos, intervención de la sociedad civil, etcétera, se vislumbraba una esperanza de avance en la solución de diversos temas pendientes del escenario nacional, tales como la regulación en sector de los medios.  

 

            Sin embargo, desde la fase de privatizaciones en la década de los 80 y 90, las acciones gubernamentales no se han logrado reflejar en una mejoría en la reducción de los intereses mercantiles de gran concentración. Por el contrario: “el patrón emergente de las instancias analizadas parece centrarse en que los ganadores son el reducido número de miembros de la élite económica, de gran tamaño y sólidamente establecida, mientras que los perdedores son los consumidores en general, quienes se ven obligados a afrontar mayores precios.”

 

Además, añade: “Aunque los multimillonarios mexicanos en general no heredaron su riqueza, la ganaron mediante conexiones políticas y acceso privilegiado a los mercados, y no por la innovación y el esfuerzo competitivo que se asocian con el crecimiento (…)a fin de conservar sus posiciones privilegiadas dentro del statu quo, las élites que ejercen el control utilizan una serie de contactos políticos para paralizar el desarrollo institucional de los mercados de capital y erigir una serie de barreras a la entrada (…) la concentración de riqueza exacerba el papel del dinero en la política, abriendo una brecha entre electores y políticos de manera que se limita el impacto de la rendición de cuentas electoral.”

 

El gobierno ha beneficiado intereses particulares de lo grupos monopólicos originando con ello una socavación del poder regulador del Estado. Las entidades reguladoras carecen de mecanicismos de control y establecimiento de sanciones, se limitan a emitir recomendaciones sobre los diferentes casos de concentración.

 

            En el caso de la televisión sólo dos empresas poseen 95% de las concesiones, lo cual repercute en una falta de garantía del derecho de la información y la comunicación. Programas de escasa calidad, la información manejada como producto comercial y no como un bien social, desobediencia a las instituciones reguladoras, proliferación de la difusión de comerciales de productos milagrosos, chantaje sobre la clase política, etcétera, son características de la pantalla mexicana.

 

En el área de las telecomunicaciones, Telmex domina los mercados de larga distancia, telefonía fija y telefonía celular (y ahora con la posibilidad de la trasmisión de televisión). La empresa, propiedad de Carlos Slim, segundo hombre más rico del mundo, posee las tarifas más altas del mundo; tres veces superiores a las de Argentina y cuatro a las de Brasil.  

 

El fenómeno de la concentración no es exclusivo de la industria de la radiodifusión. En el ámbito bancario, de las 39 instituciones de crédito que participan en el mercado, 5 bancos concentran 82.3% por ciento de los activos totales (BBVA Bancomer, Banamex, Santander, HSBC, Banorte y Scotiabank).

 

La fuerza de los monopolios y el poder de los empresarios constituyen un obstáculo para el avance de reformas y la instrumentación de las políticas programáticas que contribuyan al fortalecimiento del sistema democrático en México. Por ello, es importante que tanto la sociedad como el mismo gobierno se den cuenta que temas pendientes como la reglamentación de temas como el derecho de réplica, la publicidad gubernamental y la ley federal de radio y televisión y de Telecomunicaciones constituye una tarea impostergable.

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