Impunidad

                                                                                     Jaime Julio Vega Pompa

“Justicia es la continua y firme voluntad

de dar a cada quien lo suyo”

Ulpiano

 

Septiembre, mes de la Patria. Escribir con un sentimiento nacionalista jamás conocido y con las miras más altas en pro de la colectividad mexicana no es posible, y no es posible porque la situación actual en el país es crítica, es desesperante por la ineficacia de las instituciones gubernamentales que no garantizan la vida, los bienes ni la seguridad de los individuos, las cuales, son las razones principales por las que se supone debe existir un Estado. Es el Estado quien debe, por medio de ordenamientos jurídicos (el derecho), imponer el orden y crear una convivencia pacífica entre los integrantes de la comunidad, debe ejercer su autoridad frente al ciudadano detentando el monopolio de la violencia que debe ejercer a través del ejército y de la policía.

    

Con el respeto y la confianza acentuados en las instituciones, la sociedad tendrá la seguridad que de cometer algún delito se le sancionará y los daños serán resarcidos. Todo esto funciona a través de marcos jurídicos que permiten procesar correctamente las averiguaciones sobre un delito determinado, fijar culpabilidades, sancionar a los responsables y resarcir a las víctimas a partir de sistemas de justicia claros y expeditos. La promulgación de leyes es importante, pero sobretodo, deben ser obedecidas realmente por la sociedad para que no se conviertan en letra muerta, al igual que la implantación de penas justas para los delincuentes y su eficacia para inhibir las conductas anómalas dentro de la sociedad, sólo de ésta manera se crea un verdadero sistema funcional de la estructura gubernamental  y se convive en una sana comunidad.

 

En ese mundo ideal los delincuentes son sancionados, y en casos graves son extraídos del círculo social y confinados a las cárceles, donde recibirán tratos justos y una verdadera terapia para readaptarlos a la vida en sociedad, es así que los ciudadanos se sienten seguros, satisfechos con las autoridades y sobretodo protegidos.

 

Lastimosamente, en México, los órganos del Estado entran en descomposición y los domina la ineficacia y la corrupción, la violencia se propaga como una plaga, que pronto afecta a todos los círculos de la sociedad; la violencia se ejerce a gran escala por grupos y organizaciones criminales, y el Estado parece incapaz de garantizar la vida y la seguridad de los ciudadanos, es aquí donde se rompe toda la estructura de orden que debe reinar en la sociedad para su correcto funcionamiento, se crean espirales de desorden, de ineficacia y de violencia que dejan a los ciudadanos verdaderamente indefensos. Los delitos no se castigan y los incentivos para delinquir se multiplican, México se ha convertido en un Estado trastocado.

 

En una investigación de Ernesto Canales se detalla la situación en el país con cifras verdaderamente alarmantes; los estudios indican que: 85 por ciento de las víctimas no acuden a denunciar los delitos; 99 por ciento de los delincuentes no son condenados; 92 por ciento de las audiencias en los procesos penales se realizan con la ausencia del juez; 80 por ciento de la población considera que los jueces se pueden sobornar; 60 por ciento de las órdenes de aprehensión no son cumplidas; 40 por ciento de quienes están en la cárcel no han recibido sentencia condenatoria.

 

Otro estudio como el de Guillermo Zepeda Lecuona, concluye que la posibilidad de que un presunto delincuente comparezca ante la autoridad judicial es de 3.3 por ciento, algo así como un 97.6 por ciento de impunidad, eso lo explica todo, ahora sí, se puede pedir cadena perpetua o pena capital, no importa, solo es un 97.6 por ciento de probabilidad de que los infractores no sean sancionados. Cuando el crimen se convierte en parte de la vida diaria de la sociedad, ésta, ya no teme al conflicto, y por lo tanto ya no procura el orden, simplemente se acostumbra a vivir con miedo, lo cual terminará enfermando día a día a nuestra sociedad (y después nos preguntamos cuál es el error que estamos cometiendo).

 

Debemos observar con suma objetividad cuál es el hecho principal que nos está llevando a esta espiral de desorden, qué es lo que el Estado y la sociedad en su conjunto están dejando de hacer, o, al contrario, están haciendo para propiciar un Estado de descontrol y de miedo, como en el que actualmente se vive en la mayoría de los estados de la república. Como ya observamos en las cifras de estudios en relación a este tema, podemos inquirir que la política pública en cuanto al combate a la inseguridad y al mismo tiempo en el diseño de las instituciones encargadas de la seguridad, algo está fallando, quizá sea la administración de los recursos en dichas instituciones y la falta de capacitación de sus funcionarios.

 

El propio Estado ha sido participe en la estructura de la impunidad, ya que, la misma autoridad produce el hecho, ocultando a los delincuentes, sin importar si pertenece a la misma estructura gubernamental, es así que las autoridades violan muchos de los derechos humanos y sus faltas al orden jurídico quedan sin castigo, entonces, nos encontramos con un verdadero problema, ya que no solo los delincuentes se encuentran en la sociedad común, sino también, dentro de las organizaciones gubernamentales que se supone deben proporcionar seguridad para la sociedad, y la impunidad es aún más probable y con menos posibilidades de solución. Amnistía Internacional ha detectado un grave deterioro de la situación de los derechos humanos en México. La tortura, las ejecuciones extrajudiciales, las “desapariciones”, las detenciones arbitrarias y el derecho de los indígenas a tener un traductor se les niega, todas estas prácticas se han generalizado y sus autores actúan con impunidad. En caso de la tortura se suelen aceptar confesiones presuntamente extraídas bajo coacción, a pesar de las continuas reformas hechas por el gobierno, como la de 1991 para reforzar la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, promulgada en 1986. La Procuraduría General de la República desempeña un papel contradictorio: emprende acciones judiciales contra los criminales y al mismo tiempo emplea a las personas que son acusados de violentar la ley.

 

Dados los sucesos Chiapas, Guerrero y Oaxaca como el surgimiento de diversos grupos insurgentes, el ejército y la policía cometieron actos de violencia de los cuales ninguno se ha aclarado satisfactoriamente como en la comunidad de El Charco, estado de Guerrero, en junio de 1998, el saldo 11 civiles – guerrilleros – según las autoridades.

 

La impunidad es un espectro que rige el sistema actual de nuestro país. La sociedad podrá alzar la voz y reiterar su rechazo a la impunidad, a la violencia, a exigir seguridad y protección, sin embargo, la misma sociedad, al mismo tiempo, sigue alimentado a la corrupción, que es el cáncer más peligroso que amenaza al país.

 

Ahora se discuten acaloradamente la aprobación de la pena de muerte y de la aplicación de la cadena perpetua, sin embargo, el problema o las soluciones, deberían encontrarse en la etapa anterior al delito, en la prevención y no después. La impunidad, las propuestas de la pena de muerte y la cadena perpetua son reflejo de la incapacidad del Estado para cumplir sus funciones, y este fracaso recae sobre la vida, la libertad y la seguridad de los sujetos.

 

A estas alturas del juego, en México, no podemos perder la esperanza, no podemos dar marcha atrás a los contados pasos que se han dado para tratar de contrarrestar estos problemas que afligen al país. Debe resurgir el sentimiento patriótico, aunque las cifras de impunidad y delitos sean desalentadoras y hasta deprimentes.

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