Editorial 10 Escrutinio | “Al grito de guerra”

Miércoles 17 de Septiembre de 2008.

 

LA GUERRA se complica. Cada día que pasa la ola de violencia que vive el país se acrecienta. El atentado que mató a siete personas y dejó heridas a 132 más al explotar dos granadas durante la celebración del “grito de los libres”, la noche del lunes pasado en Morelia, evidencia sobremanera la crudeza y la gravedad de la realidad que hoy en día vive México.

            El “extraño enemigo” ha osado en “profanar con sus plantas” el suelo patrio. Al cierre de esta edición, investigaciones del gobierno federal arrojan que pudo tratarse de un atentado planeado y ejecutado por el cártel del Golfo. De confirmarse esta información, estaríamos ante el más descabellado acto criminal que el narcotráfico ha realizado contra ciudadanos para hacerle guerra al gobierno.

            Fue ahí mismo, en Michoacán, su estado natal, donde Felipe Calderón comenzó su política de militarización el 12 de diciembre de 2006 cuando envío a 6 mil 500 efectivos del ejército para abatir al crimen organizado. Declaró, oficialmente, la guerra al narcotráfico. Y desde entonces, el número de ejecuciones no cesa.

            Apenas la semana pasada una noticia estremeció de nueva cuenta: a las afueras de la ciudad de México fueron hallados los cadáveres de 24 hombres. Se presume, fueron ejecutados por algún cártel de la droga que controla el centro del país. Mientras tanto, en vísperas del segundo informe de Calderón, en varías ciudades de la República aparecieron mantas anónimas con mensajes poco alentadores para el titular del Ejecutivo: “Narcopresidente”, lo llamaron.

Una manta reza: “Si quieren que se acabe la inseguridad ¡Ya dejen de proteger al Chapo Guzman, al Mayo Zambada y a “los michoacanos” así como también a los mandatarios partidistas que son igual de narcos que ellos ya que llevan: 40 años de mandatarios.” El desafío al Estado está presente.

A la tragedia acontecida en Morelia, la cual comienza a robarle la tranquilidad a los mexicanos, le anteceden informaciones escalofriantes. El jueves de la semana pasada, los titulares de las secretarías de Seguridad Pública Federal y de Gobernación, Gerardo García Luna y Juan Camilo Mouriño, respectivamente,  reconocieron que los cuerpos policíacos del país están infiltrados por el crimen organizado o, lo que es igual, que el crimen organizado está repleto de policías y militares.

Vergonzoso resulta que quienes se dedican a resguardar nuestra seguridad están inmiscuidos con la delincuencia. No sólo roban, secuestran o asesinan, también ayudan a que sus fechorías permanezcan impunes. La delincuencia se burla de la ciudadanía.

El asesinato de Fernando Martí en manos de sus secuestradores  (entre los que participaron agentes del orden), derramó de nueva cuenta la gota del vaso y los reclamos ciudadanos al gobierno resurgieron. Vino así la marcha “Iluminemos México”. Fue entonces que Felipe Calderón propuso cadena perpetua para este tipo de maleantes. Por su parte, el  partido Verde Ecologista, aprovechando la ocasión, lanzó a la palestra una iniciativa de ley que castiga con pena de muerte a los secuestradores que maten o torturen a sus víctimas. Como van las cosas, quizá tarde o temprano se debatirá entorno a este asunto.

La indignación recorre a México. La condena internacional no se ha hecho esperar para reprobar y repudiar el atentado que le arrancó la vida a los michoacanos y dejó heridos a decenas, mientras imperaba el frenesí del ¡Viva México! Un país que a las afueras se dice pacífico, en los adentros sufre una guerra en la que el “extraño enemigo” ya no está resultando tan “extraño.”

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