Demandas de la CIRT. La arbitrariedad, su única vía

Gustavo Ríos Alcazar

 

A pesar de haber obtenido el refrendo de 131 concesiones para radio,  prácticamente en automático y sin ningún  procedimiento de licitación, como lo señala la sentencia de la Suprema Corte, ahora, la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) busca el refrendo de 68 concesiones más.

            El pasado 3 de septiembre, Enrique Pereda, presidente de la CIRT puntualizó que confía en la palabra del presidente Calderón y del secretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez, de no ocasionar problemas con los refrendos. De acuerdo con éste, tal como sucedió en la televisión, la vigencia de las concesiones de radio se debe extenderse para transitar a una señal digital. Asimismo, afirmó que en ninguna parte del mundo se licitan refrendos y por tanto, tal procedimiento no tiene porque llevarse acabo.

            Ante esta demanda, es necesario recordar que la sentencia de la Corte señala que el refrendo debe entenderse “como el derecho del Estado para comprobar o verificar el uso que se da a las concesiones otorgadas a la materia, antes de reiterar la autorización otorgada”.      Y por ello es necesaria la licitación de las frecuencias al término de una concesión.

            No se puede recurrir entonces al Derecho Comparado para excluir la licitación sin ignorar el régimen de concesiones que opera en países más modernizados que el nuestro, por ejemplo, en Estados Unidos, la duración de una concesión es de ocho años; en Canadá hasta por siete años, España por diez años, Japón por cinco años, Francia también por diez años, Corea del Norte no más de cinco años o Corea del Sur por un plazo no máximo de diez años, y desde luego, limitaciones como el número de veces en que puede ser renovada una concesión.

De esta manera, la única razón que pueda hacer prosperar la demanda de la industria radiofónica es la arbitrariedad, es decir, el abuso de poder, del presidente Calderón y del secretario Téllez, pues no se puede privilegiar el mercado por encima de un pluralismo informativo ni mucho menos por los derechos fundamentales de expresión e información, porque son el límite y el vínculo para la política y el mercado.

            John Rawls afirma en su tratado sobre la justicia que el imperio de la ley está unido a la libertad; si las normas son inseguras, también lo son los límites de las libertades humanas. Esta exigencia y su posible respuesta son una muestra de la imperiosa urgencia de reformar el marco legal de la radio y la televisión, así como la demanda a nuestros Poderes Públicos de la salvaguarda de los mencionados derechos.


 

 

A pesar de haber obtenido el refrendo de 131 concesiones para radio,  prácticamente en automático y sin ningún  procedimiento de licitación, como lo señala la sentencia de la Suprema Corte, ahora, la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) busca el refrendo de 68 concesiones más.

            El pasado 3 de septiembre, Enrique Pereda, presidente de la CIRT puntualizó que confía en la palabra del presidente Calderón y del secretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez, de no ocasionar problemas con los refrendos. De acuerdo con éste, tal como sucedió en la televisión, la vigencia de las concesiones de radio se debe extenderse para transitar a una señal digital. Asimismo, afirmó que en ninguna parte del mundo se licitan refrendos y por tanto, tal procedimiento no tiene porque llevarse acabo.

            Ante esta demanda, es necesario recordar que la sentencia de la Corte señala que el refrendo debe entenderse “como el derecho del Estado para comprobar o verificar el uso que se da a las concesiones otorgadas a la materia, antes de reiterar la autorización otorgada”.      Y por ello es necesaria la licitación de las frecuencias al término de una concesión.

            No se puede recurrir entonces al Derecho Comparado para excluir la licitación sin ignorar el régimen de concesiones que opera en países más modernizados que el nuestro, por ejemplo, en Estados Unidos, la duración de una concesión es de ocho años; en Canadá hasta por siete años, España por diez años, Japón por cinco años, Francia también por diez años, Corea del Norte no más de cinco años o Corea del Sur por un plazo no máximo de diez años, y desde luego, limitaciones como el número de veces en que puede ser renovada una concesión.

De esta manera, la única razón que pueda hacer prosperar la demanda de la industria radiofónica es la arbitrariedad, es decir, el abuso de poder, del presidente Calderón y del secretario Téllez, pues no se puede privilegiar el mercado por encima de un pluralismo informativo ni mucho menos por los derechos fundamentales de expresión e información, porque son el límite y el vínculo para la política y el mercado.

            John Rawls afirma en su tratado sobre la justicia que el imperio de la ley está unido a la libertad; si las normas son inseguras, también lo son los límites de las libertades humanas. Esta exigencia y su posible respuesta son una muestra de la imperiosa urgencia de reformar el marco legal de la radio y la televisión, así como la demanda a nuestros Poderes Públicos de la salvaguarda de los mencionados derechos.

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