La propuesta del Frente Amplio Progresista

Por Omar Granados

01 de septiembre de 2008

 

Después de haber revisado las iniciativas anteriormente enviadas al Congreso por Calderón y Beltrones, toca el turno a una tercer propuesta enviada por el Frente Amplio Progresista (FAP) al Congreso de la Unión.  Cabe apuntar que han existido otras propuestas como la del Partido Verde, el Partido Socialdemócrata y la del Consejo Coordinador Empresarial (CCE). Estas tres, llegaron al Congreso a través del PRI y del PAN, y tienen rasgos muy similares, sobre todo en materia de contratos y las nuevas libertades que tendrían los empresarios para entrar al negocio petrolero.       

         Básicamente tienen las coincidencias que la semana pasada mencionábamos entre la propuesta del PAN y el PRI. En resumen se puede decur que la privatización velaba esquemas de contratos y la fragmentación de la industria, y la nueva administración propuesta, serían su propuesta conjunta. Es de apuntar, que el grupo de empresarios que ha concentrado la riqueza en México y los partidos satélites están alineados a la propuesta prianista.

         Se debe notar que las críticas a las propuestas anteriores se convirtieron en parte de las mesas de discusión que se llevaron a cabo en la Cámara de Senadores y que sin este ejercicio hubiera sido difícil estar al tanto de la realidad de la industria petrolera. Otro rasgo a identificar en las anteriores iniciativas es que el origen de tales propuestas es oscuro: fueron negociadas internamente, sin consulta (por lo menos con los ciudadanos, aunque tal vez fueron consultadas con el gran empresariado) y redactadas anónimamente. Además, en el debate de los meses pasados, no hubo argumentos que sostuvieran sus propuestas frente a la crítica.

         Por otra parte, el FAP realizó una consulta ciudadana sobre este tema, y aunque pudiera ser criticada debido a la cantidad de gente que participó a nivel nacional (2 millones y medio de personas, que más o menos coinciden con los afiliados a las movilizaciones organizadas por AMLO), exhibe la nula importancia que la opinión pública le merece a los partidos tradicionales unidos en el PRIAN.

         La segunda diferencia sobre el origen de las propuestas, es que la entregada por PRD, PT y Convergencia, fue hecha por los expertos que intervinieron en los debates del Senado, los cuales firmaron su aportación con nombre y apellido y ahora consecuentemente la defenderán y explicarán durante el periodo legislativo. Están incluidos entre los expertos Luis Javier Garrido, Lorenzo Meyer, Jaime Cárdenas, Carlos Monsiváis y un etcétera de más o menos cien expertos.

         Cabe destacar que a pesar de las pugnas internas del PRD, en el tema del petróleo el FAP ha mostrado más o menos una uniformidad en el apoyo a esta propuesta. En las discusiones estuvieron implicados el grupo de Cuauhtémoc Cárdenas, el de Andrés Manuel López Obrador, el grupo de los chuchos y el PT además de los expertos mencionados.

         La tercera diferencia se refiere al contenido de la propuesta y la no-privatización de PEMEX.

         En este caso las propuestas pueden ser divididas en dos según Mario di Constanzo[1] aunque existe un tercer grupo, citado por Jaime Cárdenas el viernes pasado:

1) La primera parte de las propuestas es llamada Plan de Acción Inmediata (PAI), el cual se entiende como una presión hacia el congreso y a las próximas acciones legislativas. Este PAI crea un fondo de 300 mil millones de pesos, para que independientemente de las decisiones que se tomen en el Senado, “se pueda iniciar en el próximo año un agresivo programa de inversiones públicas en el sector, que posibilitarían a Pemex cumplir su mandato constitucional”.

         Además como aseguró Jaime Cárdenas en el foro semanal del Club de Periodistas[2], se demanda un control e información sobre los fideicomisos de los que PEMEX no ha ofrecido información y que son controlados desde EU.

         Como parte de este PAI, se exige que la ASF exija a la PGR o a las contralorías que los funcionarios públicos de PEMEX que hayan usado indebidamente los recursos sean enjuiciados.

         Se pide también que el Congreso apruebe una comisión para investigar la corrupción en relación con los contratistas de PEMEX y el STPRM, por ejemplo la familia Hank, propietaria de la flotilla de transporte más grande de transporte para PEMEX.

2) Propuestas de reforma a la Ley Reglamentaria del art. 27 constitucional, la ley orgánica de la Administración Pública, Ley Federal de Derechos y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como una nueva ley orgánica para PEMEX.

         Se propone, respetando a la Constitución, garantizar la rectoría del Estado en el sector energético. Este conjunto rechaza las filiales propuestas por el PRI, apoya la integración de PEMEX como el organismo descentralizado que es, y no una empresa como el PRIAN la ha considerado.

         Este organismo se quedaría con los recursos excedentes para poder reinvertirlos en las diferentes áreas, haciendo un énfasis en la refinación y en la exploración, no en la extracción de los recursos petrolíferos. Además, no se permiten contratos de “riesgo”, de “incentivos” ni de “desempeño” como propone el PRIAN. Los contratos que se proponen ponen en PEMEX la responsabilidad de realizar todos los proyectos por sí mismo con su propia inversión. Para aclarar: la posibilidad de que un contratista invierta y al final del proyecto reciba toda su inversión y un porcentaje de los beneficios quedó cancelada en esta propuesta.

         La inversión privada tiene posibilidades de invertir sólo en contratos de servicios muy limitados donde el inversionista no pueda intervenir en las decisiones de los proyectos. Es decir, todo estará  cargo de PEMEX como un organismo integrado para la exploración,  extracción, refinación, transporte y distribución (todas las etapas).

         La propuesta calderonista, plantea un consejo de administración con muchas facultades y constituido por seis representantes del gobierno, cinco del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), cuatro más designados por él, de los cuales dos ni siquiera estarían sujetos a responsabilidad política alguna. Respondiendo a eso, el FAP propone escoger representantes de los trabajadores, con voto directo, secreto y universal de los mismos. Esta medida quitaría el control de las decisiones y se lo daría a los trabajadores. Además este consejo de administración no tendría las facultades irrestrictas de crear subsidiarias o filiales de PEMEX.

         De la misma forma, Cárdenas señala que se busca rescatar el espíritu público del Estado, sin inversión de empresarios y sin excepciones. No se permite que PEMEX contrate deuda sin pasar esta decisión por el Congreso (también en sentido contrario a las propuestas anteriores).

         En la Ley reglamentaria del 27 constitucional, esta propuesta cierra la puerta a que PEMEX se exponga a decisiones de tribunales extranjeros, ya que se entiende que los actos de PEMEX se entienden regidos por el derecho público y no privado (actos de comercio) como propuso el bloque oligárquico.

         Se resalta y respeta lo instituido por los artículos 27 y 28: a) el petróleo y los hidrocarburos son propiedad de la nación; b) inalienables; c) imprescriptibles; y d) sólo el Estado puede controlar esos recursos a través de PEMEX. Además, el Consejo de Administración, en esta propuesta, debe rendir cuentas al Congreso y a la ASF, para poder poner un alto a la entrada de inversionistas.

         Finalmente, algo que no había sido mencionado ampliamente en los medios antes y que mencionó J. Cárdenas, es que hay otra parte del proyecto a largo plazo incluido en la reforma, un 3) Plan Nacional Energético de Largo Plazo, esperando resultados en alrededor de cinco años.

            Este plan incluye propuestas para fortalecer el Instituto Mexicano del Petróleo, haciéndolo de nuevo parte importante para la producción petrolera nacional. Además incluye en el debate las energías alternativas con mejores cualidades, como son la nuclear, eólica, eléctrica, y energías limpias.

            Esta es la propuesta general, pero es preferible que cada persona la analice. Es fácil acceder a ella ya que, sin duda, merece una revisión detenida. En este caso es especial, pues se puede prever un bombardeo mediático para desacreditarla (a pesar de su origen), evitar que la gente la conozca, la lea y haga un juicio propio. A continuación ofrezco el link donde se puede leerla, con el único objetivo de promover un debate de los puntos que retoma, no un encumbramiento ciego de la misma:

http://www.amlo.org.mx/reformapemex/IniPEMEX-PRD_FINAL.pdf

            Queda, sin embargo una pregunta sin responder. Es algo que nos hemos preguntado, los ciudadanos, los periodistas, los medios masivos, los policías antimotines, el gobierno federal, los orejas de gobernación y en general los mexicanos; ¿qué acciones tomará el movimiento de AMLO si la reforma es mayoriteada a pesar de contener inconsistencias o artículos anticonstitucionales? Aunque AMLO mencionó que para hablar de ese tema llamó a la reunión de este domingo 31, J. Cárdenas dio una especie de avance el viernes pasado en el Club de periodistas.

            Las medidas que J. Cárdenas anunció como posibles alternativas que podría llevar a cabo el FAP fueron de dos tipos: políticas y jurídicas. Sobre las primeras y las movilizaciones a iniciarse este domingo 30 de agosto en el monumento a la Revolución. Entre las acciones legales se encuentran: iniciar demandas por traición a la patria que González Schmal está terminando de preparar, la promoción de juicios de amparo contra una posible reforma que prive de sus derechos a los ciudadanos, proponer las acciones de inconstitucionalidad ante la SCJN y buscar las instancias internacionales correspondientes para defender la industria petrolera nacional.

En este momento las propuestas están en la mesa. Ha habido un debate abierto, se han mencionado las inciativas y empieza ahora el proceso político en el Congreso y las posibles medidas jurídicas que tomaría el movimiento de resistencia civil. Durante el presente período de sesiones se tomará esta decisión sobre las normas que definirán cómo se explotará el petróleo. Esta decisión se tomará en medio de una intensa campaña mediática para desestimar las propuestas y movilizaciones en contra de la privatización. Para poder decidir y defender una postura no hay que escuchar las noticias tanto como leer por nosotros mismos las propuestas y tomar nuestra propia posición.

La decisión que se tomará en el Congreso define la posibilidad de que México pueda tener autonomía, no sólo en relación a las corporaciones petroleras a las cuales está dirigida la privatización propuesta por el PRIAN, sino de Estados Unidos y otros países como España e Inglaterra que, tratan de encontrar petróleo barato tal vez para otra guerra, tal vez para sopesar una crisis económica. Recordemos que no sólo el 40% del presupuesto anual está en juego (junto con ello la universidad pública, los servicios de salud, empleos dignos, entre otros ejes imprescindibles), el sector energético es la pieza clave de la industria y del campo. La subida de los precios de los combustibles y por lo tanto la inflación generalizada, es consecuencia de nuestra dependencia económica en general. Por lo tanto esta decisión es crucial para nuestro futuro: defendamos pacíficamente los que queda de la Constitución, emanada de la revolución mexicana, y evitemos así otro conflicto armado.

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