La reforma electoral a prueba. Entrevista con Pedro Salazar

Jaime Hernández

Beatriz García

 

Pedro Salazar Ugarte

Pedro Salazar Ugarte

EN SEPTIEMBRE PRÓXIMO cumplirá un año la aprobación en el Congreso de la Unión la reforma constitucional en materia electoral, que entre otras medidas, elevó el derecho de réplica a rango constitucional, disminuyó el financiamiento público y privado de los partidos, prohibió el uso de la propaganda gubernamental para la autopromoción de los funcionarios públicos y estableció un nuevo marco de acceso de los partidos a la radio y televisión.

 

 

                La reforma electoral, considerada como la más importante en las últimas décadas sobre la regulación de la relación entre la política y los medios electrónicos, ha generado críticas por algunos grupos empresariales y columnistas, quienes la califican como una trasgresión a la libertad de expresión. Desde la entrada en vigor de la norma, hasta hoy, se han presentado casos en las cuales las decisiones del IFE han sido criticadas.  

                Al respecto, Pedro Salazar Ugarte, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y especialista en temas electorales, realiza una revisión sobre los temas controversiales que ha suscitado la reforma electoral, y además sobre otros establecidos en el Código Electoral y no ratificadas por la Suprema Corte como “la cláusula de vida eterna de los partidos” así como la prohibición de financiamiento público para las asociaciones políticas.

     ¿Qué opina de la negativa de TV Azteca inicialmente a transmitir los spots del IFE y los partidos políticos?

     Creo y espero que los medios de comunicación deben ajustar su comportamiento a lo que obliga la constitución y las leyes del país. No tengo duda que ahora tienen una obligación constitucional expresa que debe ser respetada por todos, y en este contexto especial por los poderes privados.

Hay un dato a subrayar, lo que  se obliga a los concesionarios es a permitir el uso de la reasignación de los tiempos que ya pertenecían al Estado. No se debe perder de vista que dichas personas no son propietarios de los medios sino concesionarios de un bien público, lo cual supone que los tiempos deben ser utilizadas para el uso de las  cosas públicas. Uno de los aspectos fundamentales para una vida democrática son las contiendas políticas y las campañas de los partidos, entonces, la obligación de TV Azteca, al igual que los demás concesionarios es ineludible.

     ¿Y sobre el amparo que se le concedió mientras se resuelve el tema?

     Considero que la Suprema Corte de Justicia, al ser el máximo órgano judicial del país debe definir hacia todos los jueces de instancias menores cuál va ser la actuación que van a tener frente a la materia y así no estar concediendo amparos y suspensiones que entorpezcan las decisiones y funcionamiento de las autoridades electorales con recursos jurídicos que tarde o temprano van a caer. Recuerden el caso Pemexgate y Amigos de Fox donde una serie de actores en primera instancia lograron conseguir amparos que entorpecieron las investigaciones por más de ocho meses, cuando al final la autoridad electoral cuando hizo un llamado a la Corte para decirle qué estaba pasando, los actores, como sabían que iban a perder los amparos en instancias superiores desistieron.

     ¿Sobre la trasgresión a las nuevas normas por parte del Frente Amplio Progresista (FAP) al comprar un spot en TV Azteca?

     Fue un error, desliz y exabrupto del FAP donde creo se dieron cuenta que se equivocaron y acatarán en su momento, ya que el procedimiento jurisdiccional esté agotado, la sanción correspondiente. La Constitución es clara en que la prohibición de contratar espacios en radio y televisión para los partidos políticos opera en todo momento, en tiempos electorales y no electorales, y no sólo para los partidos sino también para los personeros de éstos en cualquier modalidad, es decir el hecho que haya sido el Frente y no directamente uno de los partidos que lo integran el que contratara no los exime de la prohibición constitucional.

     ¿Sobre el spot que una asociación civil contrató en Televisa para comparar a López Obrador con personajes como Hittler y Pinochet?  

     En primer lugar, me parece lamentable el contenido del spot ya que no contribuye a elevar el debate político nacional, hace comparaciones que no tienen fundamento de ninguna naturaleza y lo único que hace es enrarecer un ambiente de por sí crispado.

Ahora, independientemente que repruebo el contenido hago una valoración jurídica de la nueva regulación en materia electoral. Es claro que la Constitución establece una prohibición a los partidos y a sus representantes que valen en todo momento, sin embargo cuando leemos el párrafo constitucional nos encontramos que la prohibición para las personas físicas y morales de contratar espacios en radio y televisión para expresar sus preferencias a favor o en contra de partidos políticos y candidatos no queda claro si es en todo momento o exclusivamente durante las campañas electorales.

A partir de esa ambigüedad en la norma creo que la interpretación correcta que debería adoptar la Suprema Corte, en caso que le entre al fondo sobre la revisión de la reforma electoral, o el Tribunal Electoral, es que esa restricción que se encuentra justificada por lo que sucedió en la elección de 2006, dado que efectivamente es una restricción a la libertad de expresión debe ser nada más circunscrita a los tiempos electorales.

La libertad de expresión es un derecho fundamental de la máxima importancia aunque no ilimitado. En ciertos contextos, cuando hay buenas razones se le puede restringir, y creo que en México, de cara a 2009 y 2012 se justifica una restricción para que los actores privados no incidan en las contiendas electorales y generen condiciones de inequidad en la competencia política, pero esa justificación sólo es tal si se restringe al periodo electoral y no en todo momento porque la política va mucho más allá de las elecciones y en una vida democrática las restricciones a los derechos deben estar muy bien justificadas y lo más acotados posibles.

     ¿Eso es lo que buscan los amparos promovidos por los quince intelectuales?

     Los amparos buscan un  pronunciamiento de inconstitucionalidad por parte de la Suprema Corte de todo ese paquete de la reforma electoral, no sólo buscan que se acote al periodo electoral como sugiero sino que la restricción desaparezca.

Ahora, el tema del amparo es complicado, en primer lugar porque no procede en materia electoral. Los intelectuales y televisoras que impugnaron la reforma alegan que se trata de libertad de expresión, pero es difícil argumentarlo pues dicha restricción está en el artículo 41 y se efectúa para un contexto electoral. En segundo lugar, lo que están pretendiendo los intelectuales es que se declare inconstitucional una reforma a la propia constitución, lo cual hasta ahora no hay antecedentes de ello; ha prevalecido la idea que defiendo que el verdadero poder soberano de este país se llama poder reformador de la Constitución, capaz de modificar las normas fundamentales. Lo que algunos ministros insinúan como José Ramón Cosío es que ahora sea la Corte el último poder del Estado mexicano que eventualmente pueda expulsar del ordenamiento mexicano una reforma a la Constitución. Creo que eso sería un error político y jurídico.

Lo primero que van a valorar los ministros es si van a darle entrada a los amparos, si lo hacen están cambiando los precedentes que acabo de mencionar y después entrarán a analizar el fondo de los mismos, ponderarán si la reforma al artículo 41 efectivamente contradice al artículo sexto de la Constitución. Por último, supongamos sin conceder que la sentencia implicara una sentencia implícita de inconstitucionalidad del artículo 41, pero sólo valdría para las personas que impugnaron el amparo y no para el resto de los mexicanos.

     ¿Qué pasó con los spots donde el PAN calificó de violentos a los legisladores del PRD y a su vez éste partido transgredió la norma al autonombrar en sus spots a López Obrador como presidente “legítimo”?

     Creo que esta parte es la más controvertida de la reforma. Yo mismo en su momento sugerí y lo sigo pensando que no se debía elevar a la Constitución los conceptos de calumnia y denigración porque son muy difíciles de definir, lo que a mi me parezca denigratorio quizás a usted no les parezca, y más a las instituciones, soy crítico de la idea que las instituciones son una especie de tótems que tenemos que salvaguardar a toda costa.

Aunque soy defensor de la reforma electoral pues me parece que en lo general respondió a los problemas de nuestro sistema y además se hizo cargo de los expedientes de 2006, creo que en este punto la reforma es criticable.

Ahora, la disposición ya está en la Constitución con lo que de cara a nuestro futuro político inmediato y de largo plazo va ser fundamental que los jueces y magistrados del Tribunal Electoral determinen que vamos a entender por estos conceptos, deben interpretarlos para definir y acotar su contenido.

Respecto a los casos, el primero me parece muy interesante porque calificar un acto de violento no necesariamente es descalificarlo, sino es la asociación de un evento con un adjetivo que le corresponde, sin embargo la pretensión de esa asociación sí puede ser la descalificación de quienes los cometieron y con ello dañarlos, eso es lo que tiene que valorar los ministros, independientemente que haya sido violento o no la toma del congreso es importante definir la intención del spot. Esa es la tarea del Tribunal, creo que vamos a tener que aprender a modular el discurso político y al mismo tiempo los jueces deben tener un criterio amplio para no hacer muy restrictiva las definiciones porque si no va resultar que no vamos a poder decir nada de nadie, y eso sería un error.

El otro caso también es interesante, a mi en principio que un señor se autonombre emperador del valle de México, que diga que es el gobernante eterno y plenipotenciario de todos los mexicanos presentes y futuros me tiene sin cuidado, yo aquí me puedo declarar Tatoani o rey de la Nueva España; ahí no está el problema. Yo creo que no hay denigración a la institución presidencial cuando López Obrador se declara presidente legítimo. Lo que considero es problemático y que de alguna forma justifica la sanción impuesta por el IFE es que un partido político sea el que promueva esta denominación de una persona que se asocia a si mismo con un cargo institucional. Y es que los partidos son entidades de interés público y reciben financiamiento público y en ese sentido forman parte de las instituciones democráticas del sistema mexicano, por ello deben estar atentos a darle lugar a todo el entramado de instituciones del país.

En este país falta darnos cuenta que defender al Estado es importante, darle “palazos” por todos lados es muy delicado pues es una institución fundamental para la convivencia pacífica. Por ello los partidos tienen una responsabilidad de no hacer ese tipo de asociaciones utilizando los tiempos del Estado, el señor por su parte puede seguir diciendo eso hasta el día que quiera y nadie tendría que sancionarlo.

     Pasando a otro tema, ¿Cómo ve a los nuevos consejeros del IFE?

     Yo critiqué la substitución de los consejeros electorales pues me da por defender la estabilidad institucional. Una vez que se tomó esa decisión lo importante era que se establecieran nuevas reglas para el nombramiento de ellos y que hubiera un consenso entre los partidos. Creo que esas dos cosas se lograron y en ese sentido debemos de celebrar que el consejo general del IFE que tenemos hoy, a diferencia del nombrado en 2003, cuenta con el respaldo de un pacto político en el que todos los partidos participaron y se ven reflejados. A partir del 15 de agosto en donde tomarán posesión los tres nuevos consejeros creo que el gran desafío y de lo que va depender la valoración que hagamos será el de su desempeño. Creo que siempre es un error calificar a las personas antes de conoce su funcionamiento.

     ¿Sobre las dos asociaciones que pretender ser partidos políticos?

     Me parece que es fundamental que haya tantos partidos como los ciudadanos queramos, la única forma de evitar que el discurso que los partidos se ha apoderado del Estado se convierta en una profecía que se cumple es dejar la puerta abierta para que los ciudadanos podamos organizar nuevas opciones partidarias si así lo queremos. En ese sentido me parece importante que las reglas sean claras y que la autoridad las observe. En los dos casos que se mencionan considero que si el IFE no los acepta en primera instancia, tienen la oportunidad de impugnar la decisión ante el Tribunal Electoral y después se tomará la decisión definitiva. Creo que los partidos Nueva Alianza y Social demócrata han demostrado lograr su registro y en la primera prueba conservarlo, ya veremos si lo siguen manteniendo.

     ¿Qué opina sobre la resolución de la Corte al declarar inconstitucional la cláusula de vida eterna de los partidos?

     Me parece muy positiva, y es que con la norma lo que significaba era que votabas por un partido y al final eso servía para salvarle la vida a otro. Me parece que fue muy adecuado el hecho, que por un lado, los partidos en caso que haya coaliciones se presenten cada uno con su emblema en las boletas electorales y sobre todo que cada uno sobreviva con sus propios votos.

     A las asociaciones políticas se les deja de otorgar financiamiento publico

     Tengo dos opiniones. Creo que sí existe la figura de las asociaciones políticas es porque algún tipo de apoyo deben tener para poder desplegar sus actividades, de hecho la realidad nos muestra un dato triste, se acaba el financiamiento y con ello las asociaciones, por ello dicha decisión desincentiva las formación de asociaciones que pudieran tener proyectos interesantes. Por otro lado, se han observado que muchas asociaciones, más que tener el compromiso con una agenda, su interés radica en los subsidios económicos que pudieran obtener.

     ¿Algo semejante a los partidos políticos nuevos?

     Ahora la ventaja es que para constituir un partido es mucho más difícil y con la reforma también se resolvió un expediente pendiente muy importante; los partidos que pierden su registro deberán de ser liquidados y reintegrar al erario público los recursos.

     ¿Qué opina de los pendientes de la reforma electoral como la legislación de la ley federal de radio y televisión?

     Me temo que los legisladores en esto están cometiendo una omisión culposa sumamente delicada porque todo lo que no legislaron a tiempo van a tener que ser subsanado en la práctica por las autoridades administrativas y jurisdiccionales electorales y eso va poner en problemas la operación de las autoridades electorales pues sus decisiones serán seguramente jurídicamente vulnerables y políticamente controversiales. Ya se está pasando el periodo para que se legisle sobre los temas pendientes de la reforma electoral, por ello espero que los legisladores en verdad se pongan las pilas, sobre todo en el tema de radio y televisión que es delicadísimo, en el cual ya sabemos que los concesionarios tienen la espada desenvainada y están a pie de guerra contra cualquier decisión de las autoridades electorales, quienes necesitan los instrumentos jurídicos para poder tomar decisiones que a la hora de su revisión por parte de los jueces se confirmen  y no corregidas.

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