Un Debate, Una Reforma y Corrupción

Astrid Fonseca

 

La Reforma Energética, sin duda controversial por la complejidad del tema y las múltiples aristas de análisis y reflexión ante las cuales se circunscribe: técnicas, políticas, históricas e ideológicas. Se ciñe bajo un panorama político polarizado desde las pasadas elecciones de 2006, tiempo en el cual el gobierno se ha esmerado por legitimar su poder con la ayuda de algunos medios de comunicación, cooptados por intereses político-empresariales; y por el otro lado, un sector de la sociedad que no puede encogerse a una minoría como pretenden proyectar los medios, personas que cada mitin se reúnen en el zócalo para luchar en contra de la privatización de Petróleos Mexicanos (PEMEX).

            Este conflicto, a pesar de las distintas vertientes que le atañen, se está concibiendo en un plano mayoritariamente ideológico y hasta cierto punto aislacionista, dejando de lado los asuntos técnico y el histórico. Por tanto es menester abordar el tema desde estas cuatro perspectivas para lograr un amplio debate y no caer en el acostumbrado fast track

            Se habla de la historicidad de la Reforma Energética y al tiempo del movimiento en defensa del petróleo mexicano, liderado por Andrés Manuel López Obrador, el Frente Amplio Progresista (FAP) y diversos grupos ciudadanos, organizados en treinta y ocho brigadas de hombres y de mujeres ,“las adelitas”, para informar alrededor de la República Mexicana sobre dicho conflicto y difundir la “lucha pacífica”, una lucha sin duda simbólica por su alusión a la Revolución Mexicana, en ello el conflicto no sólo se vuelca histórico, sino mítico, con referencia a las rebeliones centenarias.

En tanto la iniciativa tardía del gobierno de Felipe Calderón, luego de presentar un diagnóstico poco preciso y poco certero por la Secretaria de Energía, Georgina Kessel, se habla en términos de “microreforma” pues de acuerdo con declaraciones del presidente de la República, no es la Reforma que él quería, pero sí la posible, sobre todo con la adhesión de los bonos petroleros que permitirá a la ciudadanía mexicana involucrarse más con la empresa petrolera, y de ese modo se podrá decir que PEMEX es de los mexicanos. En un discurso en el que se expresa y prioriza el desarrollo social en palabras de mejoramiento económico, educativo y de salud, planteado en una falacia de falso dilema; en ello radica el aislacionismo en el que figura este conflicto. ¿Por qué?

Porque los diversos actores políticos pretenden plantear una posición disyuntiva, es decir, de sólo dos opciones, cuando se trata en realidad de una situación que tiene más deliberaciones. El discurso se reduce a la aprobación de la Reforma como único medio para el desarrollo de los mexicanos, de no aprobarse, seguirá prosperando la desigualdad y la pobreza en México.

Cómo puede partirse de una reforma privatizadora, planteada casi en términos mesiánicos, como la salvadora de la sociedad mexicana, cuando el problema de fondo no es la falta de tecnología e incluso la escasez del “oro negro”, sino la falta de inversión.

Durante el sexenio de Vicente Fox,  el gobierno obtuvo trescientos treinta y cinco mil millones de dólares, destinados al gasto corriente; según Juan José Rodríguez Prats, diputado del Partido Acción Nacional (PAN) declaró en Radio Educación, depositado en servicios educativos, de salud y en el desarrollo sustentable. Por supuesto que así debería ser, sin embargo, en los resultados, no se ve reflejada dicha inversión y permite, con bases, concluir que se gasta  en onerosos sueldos de funcionarios públicos.

La privatización no es ni siquiera una idea original del gobierno de Felipe Calderón, sino acciones conforme a los intereses de empresas extranjeras al servicio de políticas neoliberales, que conforman un núcleo hegemónico en el mundo.

Por si fuera poco, trata de venderse la idea de la quiebra en la que se encuentra PEMEX, así como el rezago tecnológico en el que se encuentra, propiciado por el propio gobierno. Esta fórmula, de declarar las empresas en quiebra por la ineficacia e ineficiencia del sector público, para después venderlas a la Iniciativa Privada (IP), no es de ayer, así pasó con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Ferrocarriles de México, ISSSTE, IMSS, Teléfonos de México y pronto la Educación Pública.

Así, la historia, es la que ha registrado las múltiples intervenciones extranjeras a México y Latinoamérica, por la obtención de sus recursos naturales, consolidando los intereses fácticos de las grandes empresas trasnacionales.

Un ejemplo claro se manifestó inmediatamente, luego de la Expropiación Petrolera, por parte de empresarios extranjeros, quienes auguraban la quiebra de la naciente empresa mexicana: “Sin dinero, sin técnicos, sin trasportes, sin refacciones, sin ventas exteriores, en el mejor de los casos, está condenada a perecer ahogada en su propio petróleo”. Y por su lado el embajador inglés O’Malley  replicaba: “Ustedes han cometido un grave error al expropiar a las empresas y van a sufrir las consecuencias. Más tarde nos rogarán que volvamos y volveremos en mejores condiciones”[1]

Hoy en día, ese discurso de “¡no puede solo PEMEX!” es expresado por el propio Prats, arguyendo la indispensable intromisión de la IP en la empresa, en tanto es curioso cómo maneja el discurso Felipe Calderón, repitiendo y asegurando en constantes ocasiones: “PEMEX no se privatiza”.

Sin embargo hemos visto, que la incursión de la IP ha sido paulatina en múltiples servicios de la todavía empresa paraestatal. Para ello basta revisar los múltiples contratos de riesgo a los que se ha expuesto. Juan Camilo Mouriño, quien  como presidente de la Comisión de Energía obtuvo contratos para el trasporte terrestres de derivados del petróleo por veinte seis millones setecientos mil pesos, sin licitación alguna, firmando como apoderado legal de Trasportes Especializados Ivancar.

En tanto la división en la sociedad continúa, consecuencia de la información sesgada de los medios de comunicación, y con no poca ayuda de Felipe Calderón, quien declaró en el Foro Mundial de Negocios en Cancún: “a trabajar para unir al país y no para dividirlo, porque cuando se siembra odio, división y cizaña, se cosecha encono y división”, haciendo clara alusión a la aprobación de la Reforma Energética.

El tema es controversial. Se espera la alianza PRI-AN para la aprobación mayoritaria en el Congreso en un fast track, porque cincuenta días no son necesarios, pero la prolongación para debatir de forma extensa es prioritaria que se apruebe con un diagnóstico que abarque las irregularidades en PEMEX y la fastuosa carga fiscal que tiene con la Secretaría de Hacienda, impidiéndole progresar. Partiendo de estos enormes obstáculos, se podrá comenzar un debate serio.


[1] Revista Mexicana de Sociología, Vol. 50, No. 3,  Maria Emilia Paz Salinas, La expropiación petrolera y el contexto internacional, pp. 75-96

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