Reforma electoral y libertad de expresión

Jaime Hernández Gómez

 

La prohibición de la contratación de publicidad política a los partidos políticos y a terceros durante los periodos electorales y aquellos circunscritos fuera de éstos, producto de la reforma electoral reciente, ha causado gran polémica, principalmente en el tema de la libertad de expresión.

 

Por un lado se encuentra un grupo compuesto por concejos empresariales, medios electrónicos de difusión colectiva y un grupo de intelectuales, quienes han mencionado que las modificaciones constitucionales constituyen un atentado a la libertad de expresión.

 

            En el otro sector se ubican la mayoría de los legisladores, periodistas, intelectuales y académicos, además de asociaciones civiles, quienes argumentan que en ningún sentido la reforma constituye una trasgresión a la libertad de expresión.

 

El párrafo principal al que aluden ambos grupos es el que se encuentra en el artículo 41, base III, apartado A, inciso g de la Constitución, el cual constituye una adición de la reforma electoral, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de noviembre de 2007, es el siguiente:

 

“Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular. Queda prohibida la transmisión en territorio nacional de este tipo de mensajes contratados en el extranjero.”

 

            Los sucesos que han evidenciado con mayor énfasis la confrontación de ambas posturas han sido el encuentro de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) con senadores de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, en la petición de la misma CIRT de una consulta pública sobre el tema, y en los amparos interpuestos por asociaciones empresariales y un grupo de intelectuales en contra de la reforma electoral.

 

El encuentro de la CIRT con el Senado

 

La CIRT, en su encuentro con senadores de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales del Senado, el 11 de septiembre de 2007, antes de la aprobación de la reforma, expresaron su inconformidad en contra de las reformas pretendidas mencionando que no se debía atentar contra la libertad de expresión.

 

Enrique Pereda, presidente de la CIRT, mencionó: “La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión convoca a los Legisladores para que en el esfuerzo que están realizando por concretar una reforma electoral, se tenga a la vista aspectos trascendentes como la defensa a la libertad de expresión, ya que no se puede restringir el derecho de expresión con el pretexto de establecer controles en los gastos de campaña, toda vez que lo que se lograría sería el menoscabo de un derecho fundamental como es la libertad de expresión.”

 

Ante la petición de la CIRT por efectuar una reforma que no atentara contra la libertad de expresión, los senadores informaron que ya habían eliminado, del párrafo citado, la expresión “o difundir”, la cual sí prestaba a una idea distinta a los objetivos de la reforma. 

 

A pesar de dicha aclaración, los comunicadores continuaron en su defensa por la por la libertad de expresión. Patricia Chapoy, conducta del programa “Ventaneando” de Televisión Azteca mencionó que a ella le aterraba que por hacer comentarios, como por ejemplo que el gobernador del Estado de México es un hombre guapo, pudiera ser culpable o criminal. En el mismo sentido se expresaron Joaquín López Dóriga y Javier Alatorre.

 

En respuesta al cuestionamiento efectuado por la comunicadora, el senador Ricardo García Cervantes, del grupo parlamentario del PAN, respondió: “el que ustedes puedan decir que un gobernador es guapo, como aquí se planteó, por supuesto que bajo ninguna circunstancia podrá ser causal de ningún tipo de delito o de crimen, como se dijo. Pero si un gobernador guapo o feo, saca dinero que le corresponde a su labor de gobernante y lo hace poner en un medio para que ese medio siendo feo lo vea guapo, eso sí lo vamos a evitar.”

 

Ante las constantes críticas por parte de los directivos y comunicadores de las radiodifusoras, el senador Pablo Gómez, del grupo parlamentario del PRD, mencionó que la reforma no restringe la libertad de expresión, sino la libertad de comercio de un bien de dominio público como lo son la radio y la televisión.

 

Además sentenció: “Si ustedes no están de acuerdo con esto es porque recibían miles de millones de pesos en conjunto, puesto que ya sabemos que la mayoría de ese dinero lo recibían las grandes cadenas nacionales de televisión, y en México solamente hay dos empresas que tienen redes nacionales en dicho medio, lo cual no es precisamente la muestra de un desarrollo democrático en materia de diversificación cultural e ideológica de los medios de comunicación en un país. Dicen que queremos implantar un sistema soviético de radio y televisión, sin embargo en México hay un duopolio de la televisión, no es ahora cuando queremos cambiar el duopolio, eso será después en la Ley de Radio y Televisión. Ojalá lo logremos.” 

 

Un referéndum por la libertad

 

Después de no encontrar respuestas positivas en el Senado, la CIRT, el 12 de septiembre de 2007, en coordinación con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) exigió al Congreso efectuar una consulta pública organizada por Instituto Federal Electoral (IFE), antes de aprobar la reforma electoral.

 

            En su documento, la CIRT mencionaba que la reforma no sólo constituía una agresión para los medios electrónicos y a quienes laboran en esa industria, sino también afecta derechos fundamentales de los mexicanos como la libertad de expresión, pues despoja a la gente de la posibilidad de expresar sus posiciones en medios electrónicos.

 

            La petición no prosperó pues en México, la figura del referéndum no está contemplada en ningún marco legal, por ello, ninguna institución está facultada para efectuar dicha consulta. No obstante, tanto Televisa como TV Azteca, en sus espacios criticaron enérgicamente la reforma, mencionaron que reforzaba la partidocracia y la calificaron de “mordaza”, “perversión”, regresión autoritaria”, incluso “chavista”.

 

            La campaña de desprestigio y enfrentamiento por parte de los medios electrónicos de difusión fue amplia y continúa, por ello, durante la discusión y aprobación de la reforma en la Cámara de Senadores el 12 de septiembre, se manifestaron discursos por la del senador Carlos Navarrete, coordinador del grupo parlamentario del PRD, quien expresó: “Sí, están muy molestos, sí, tienen muchas críticas, sí, han lanzado sobre el Senado de la República una campaña brutal en las televisoras y en la radio, sí, pretenden doblar al Senado, sí, han lanzado amenazas públicas y privadas, sí, pero se les olvida una cosa, y hago mía la frase de un colega senador coordinador:  Los poderes fácticos podrán doblar a un político, pero no pueden ni deben doblar un poder; y el Senado de la República tiene responsabilidades mayores a la fortaleza individual de cada uno de nosotros.”

 

Amparos en contra de la reforma electoral

 

Aunado a la resistencia y estrategia de enfrentamiento por parte de los medios electrónicos concesionados, las televisoras principalmente, se interpusieron solicitudes de amparos en contra de la reforma electoral. Por un lado, concejos empresariales como la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), desde el 17 de diciembre de 2007 y por el otro, un grupo de intelectuales, el 20 de diciembre del mismo año.

 

            Al interponer los amparos, los consejos empresariales mencionan que la principal garantía violada por la reforma electoral es la libertad de expresión. Juan Carlos Salgado Ponce, presidente de la Coparmex en la delegación Morelos, mencionó: “En Coparmex creemos en la libertad como un valor al que debemos cuidar y proteger. Lograrlo ha costado largas y hasta violentas batallas. Hoy, como ciudadanos, defendemos nuestro derecho a la libertad de expresión, en cualquier momento y lugar.”

 

            Por su parte, en el amparo solicitado por el grupo de intelectuales, entre los cuales se encuentran Sergio Sarmiento, Federico Reyes Heroles Gonzáles Garza, Leo Zukermán, Jorge Castañeda, Héctor Aguilar Camín, José Roldán Xopa, Jorge Fernández Menéndez, entre otros, se realizó en contra de los procedimientos de realización de las reformas a la Constitución en materia electoral, aludiendo a que el párrafo mencionado, “automáticamente los excluye del derecho a la libre expresión de las ideas a través de la contratación de tiempo de transmisión en los medios masivos de comunicación, así como a deliberar y crear espacios para la discusión pública de temas que interesa a la comunidad.”

 

            En respuesta a los amparos promovidos por los intelectuales, Javier Corral Jurado, presidente de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información (AMEDI) escribió en su artículo Un amparo intelectual, el 31 de diciembre de 2007: “a nadie se cancela su derecho de expresarse en los medios de comunicación, atacar, defender, criticar o favorecer con su opinión a algún partido o candidato. Lo único que se restringe es que eso lo hagan mediante pago. ¿O que están diciendo, aceptando y promoviendo estos intelectuales en el fondo de su postura? ¿Qué nos tenemos que acostumbrar a que en México la libertad de expresión sólo se pueda ejercer mediante una transacción comercial?”

           

            Javier Corral añade: “¿Sabrán los promotores del nuevo amparo lo que cuesta un spot de televisión de veinte segundos en cualquiera de los dos cadenas nacionales?. ¿Qué hay hay grupos ecologistas, defensores de los derechos humanos, organizaciones campesinas y sindicales, que se agotarían sus recursos de un año, en la compra de un solo spot?. El modelo mercantil de la comunicación está amenazado, no la libertad de expresión. Con todo afecto.”

 

No se atenta contra la libertad de expresión

 

Durante y después de la aprobación de la reforma constitucional en materia electoral, académicos y especialistas en la materia mencionaron que las modificaciones constitucionales no atentaban contra la libertad de expresión.

           

Raúl Trejo Delabre, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, en su artículo Hechos, mentiras y aspavientos publicado el 20 de septiembre de 2007, menciona: “Los dueños de las televisoras y sus voceros dicen que las reformas en materia electoral atentan contra la libertad de expresión. No es cierto: lo que impedirán esas modificaciones, cuando se complete el proceso de reforma constitucional, será que los particulares contraten propaganda política. Allí no hay novedad alguna.”

 

Lo anterior es fundado, pues en realidad la norma que prohíbe la contratación a terceros de contratar publicidad electoral en radio y televisión ya se encontraba antes plasmada en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), y lo único que se realizó fue ascenderlo a rango constitucional y otorgar facultades al IFE para sancionar el incumplimiento a dicha norma.    

 

Por su parte Lorenzo Córdova Vianello, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, señaló en su artículo Amparo y Reforma Intelectual, el 1 de enero de 2008, que existen argumentos jurídicos que impiden la prosperidad de los amparos interpuestos por un grupo de intelectuales y organismos empresariales.

 

Córdova Vianello además menciona: “La finalidad de esa prohibición —hoy llevada a la Constitución— no es limitar la libertad de expresión, como quiere venderse, sino simplemente impedir que bajo el amparo de esa libertad, el peso del dinero distorsione las condiciones de la competencia electoral. Hoy como ayer, cualquier empresario, comunicador o intelectual puede seguir expresando libremente sus objeciones o sus simpatías por un candidato o partido político, mediante artículos, entrevistas o declaraciones; lo que no puede hacer es comprar espacios publicitarios en radio y televisión para expresar sus opiniones.”

 

El argumento principal para evidenciar que la reforma no constituye una trasgresión de la libertad de expresión, es considerar que realmente es al revés, es decir, la reforma proporciona mayor equidad para la ciudadanía y por ende menor posibilidad para que aquellos con la posibilidad de contratar espacios en los medios electrónicos (unos cuantos) puedan influir en las contiendas electorales y con ello distorsionar la equidad en la contienda.

 

Además, cabe señalar que se prohibió la contratación de publicidad en la radio y televisión por el mismo carácter de éstos, ya que no sólo constituyen empresas mercantiles sino espacios de interés público, ya que al utilizar un bien de dominio de la nación, debe sujetarse a los lineamientos que el Estado determine. El acceso a la radio y la televisión no necesariamente debe constituirse en un negocio, al contrario, al utilizar un bien de de dominio público, debe generar acciones que beneficien a la sociedad y por ende, contribuir al avance hacia la democracia en México. 

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