Privatización petrolera: lo que se veía venir

Héctor Alejandro Quintanar

 

  

Fue el siete de  abril de 2005 cuando, en una sesión en el pleno de San Lázaro para saber si lo desaforaban o no,  el entonces Jefe de Gobierno del DF, Andrés Manuel López  Obrador, acusó en  tribuna al gobierno foxista de ser un comité al servicio de una minoría.

 

Y, de forma acorde a tal señalamiento, adujo que quienes ansiaban su desafuero, eran los mismos que ambicionaban la privatización petrolera. Ello, en un marco de oposición a dos  proyectos  de nación,  implicaba que de ganar el  candidato favorito    de la oligarquía las elecciones de 2006 una de sus principales comandas sería, precisamente, hacer lo que Fox por fortuna no pudo: entregar a manos privadas riqueza pública generada por la actividad petrolera.

 

 Dos años se cumplen ya  desde la elección  federal de 2006,  y las reminiscencias de ésta, que duda cabe,  se mantienen en dos vertientes:  a) una donde se considera tal ejercicio comicial como  ilegítimo,  y el  supuesto ganador de las mismas  va por ende viciado de origen; y b)   otra donde  se piensa que las elecciones  se llevaron a cabo “haiga sido como haiga sido” (para emplear  una cínica y estúpida  frase de Calderón), y que, por tanto,  lo ocurrido en tan lejanos tiempos ha de quedar ya en la niebla del olvido  y debemos someternos a lo que  nuestras leyes, instituciones y estado de derecho nos dicten.

 

Empero,  en los hechos,  Calderón se ha ocupado de  dar la razón a quienes lo interpretan como un simple   guiñapo de intereses minoritarios: en el tiempo que lleva al frente de la titularidad del Ejecutivo, sólo ha evidenciado que el suyo es un régimen de componendas, connivencias y coaliciones turbias (no en balde su primer secretario de Gobernación fue el rupestre Ramírez Acuña, baluarte del menoscabo a los derechos humanos, y su segundo  Mouriño, fiel pendón de las fortunas hechas al amparo del poder).

 

Los hilos que  mueven a Calderón son  por todos conocidos, pero el que  resulta insoslayable es aquel que con mayor ahínco lo enquistó suciamente en el poder:  el empresariado traficante de influencias, quien ve al país y sus recursos como un botín.

 

Tras  año y medio de gobierno,  Calderón  hizo suya  una propuesta  privatizadora sobre PEMEX y, torpemente, pretendió   hacerla aprobar  vía  madrugete por el Congreso mediante sus  legisladores afines.

 

Al   pretender  hacer ver una reforma  energética no como algo sustancial, digno de  amplios espacios de  estudio y análisis, sino sólo como  cualquier iniciativa más,  Calderón dejó en claro su prisa por  desmantelar lo que queda  en materia energética en nuestro país.

 

Todo ello, claro está,   bajo el marco  institucional, como si  el hecho de que una  legislación lesiva pasara por el tamiz   de las instituciones hiciera que ésta  en automático se   legitimara.       

La oposición a Calderón,  en estos momentos encabezada por el movimiento de AMLO, sobrelleva lo consabido desde hace años: la entrega de PEMEX supone  la entrega de patrimonio nacional. Por tanto,  se han tomado medidas  de resistencia civil para impedirlo. Como diría José  Bové, se opone la legitimidad a la legalidad.

 

La defensa de PEMEX, ahora,  intrínsecamente  es  retomar los   valores  que han impulsado la resistencia civil desde tiempos del desafuero: limpiar y rescatar el  putrefacto entramado  institucional del país.

 

Si se logra frenar la propuesta calderonista en materia de energéticos,  la resistencia civil se habrá apuntado un notorio  triunfo,  avanzando por  dos vías que sólo los   imbéciles    ven contrapuestas: la de la política callejera y la política  institucional.

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