La consulta ciudadana

Beatriz A. García Acevedo

 

 

 

“Se puede presumir que el interés público

es aquel que los hombres escogerían si vieran claramente,

                                           pensaran racionalmente y actuaran desinteresadamente”.

Walter Lipfmann

 

 

Exploración, explotación, almacenamiento, refinación, transportación, ductos y petroquímica, son algunos de los elementos que se han incluido en la discusión de la reforma petrolera. Ésta, no hay duda, se ha convertido en últimas fechas en el tema de todos los días. El discurso y las opiniones vertidas son diversas, pero todo pareciera girar en torno a dos posturas; nos hayamos frente al blanco y el negro, frente a los “buenos” contra los “malos”, es así que no hay cabida para los claroscuros.

 

Ejecutivo y demás funcionarios federales afirman que la reforma petrolera se encuentra muy lejos de lo que los perredistas se han aferrado en sostener, al contrario, la iniciativa enviada por el Presidente promueve la modernización de una industria en crisis; PEMEX aseguran, no se privatiza.

 

En el otro extremo se encuentran los miembros del FAP, convencidos de que la reforma es totalmente privatizadora de un recurso estratégico, como se enmarca en la Constitución, y que, por tanto, pertenece a los mexicanos.

 

De esta manera el debate que se desarrolla en el Senado de la República se ha convertido en un discurso para sordos, en donde cada quien escucha lo que le conviene y  se regodea en opiniones de quienes tienen posturas similares a las propias.

 

Ante el panorama anterior, y sumergidos en la discusión de un tema tan polémico, ha surgido una propuesta por parte del Frente Amplio Progresista que ha encontrado respaldo en gran parte de la ciudadanía (78 por ciento, según una encuesta realizada por GEA-ISA), incluyendo grupos de intelectuales, asociaciones civiles, universitarios, etcétera: la realización de una consulta ciudadana. Misma que en los últimos meses ha sido esgrimida como plebiscito y/o referéndum, conceptos que por la manera en que han sido manejados, también han provocado rechazo y confusión.

 

Cabe aclarar que los dos términos –además del de consulta ciudadana- aluden a la democracia participativa, pero existen claras diferencias. El referéndum es un mecanismo que –según la Ley de Participación ciudadana del Distrito Federal- la ciudadanía utiliza para manifestar su aprobación o rechazo sobre la creación, modificación, derogación o abrogación de leyes; mientras que el plebiscito se encarga y limita a decisiones tomadas por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal. Ambas figuras se encuentran estipuladas en algunas legislaciones locales, más no en la Constitución Política, argumento en el que se han excusado miembros del Partido Acción Nacional y funcionarios del Gobierno Federal para oponerse a lo que acertada y quizás estratégicamente los fapistas han dado en llamar “consulta ciudadana”.

 

La Consulta Ciudadana, por su parte, es aquel mecanismo mediante el cual se someten temas de interés público e impacto trascendental, a consideración de la ciudadanía por medio de instrumentos de consulta, como preguntas directas. Tal es el caso de la consulta que el FAP, junto con los comités creados en defensa del petróleo, pretenden llevar a cabo, contrarrestando de esta manera los argumentos vertidos por actores como Juan Camilo Mouriño, Georgina Kessel, Jesús Reyes Heroles, Germán Martínez Cázares, quienes consideran la consulta no debe ser llevada a cabo por la complejidad del tema y porque las figuras de consulta arriba mencionadas, no se encuentran estipuladas en nuestra Carta Magna.

 

En contraparte, personajes como Ortiz Pinchetti, Cuauhtémoc Cárdenas, Raúl Carrancá y Rivas y Juventino Castro y Castro, han hablado de la conveniencia de la consulta y han dado –al menos éste último- uno de los argumentos más fuertes en los que hace hincapié el movimiento en defensa del petróleo: La figura de consulta ciudadana, sí se encuentra referida en la Constitución e incluso el Ejecutivo es el encargado de formular la planeación, específicamente en el artículo 26 cuando expresa lo siguiente:

 

“El Estado organizará un sistema de planeación democrática… Mediante la participación de los diversos sectores sociales recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo.

La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática…”

 

De esta manera se ha desenvuelto el debate sobre la pertinencia de pedir la opinión de la ciudadanía para un tema tan complejo que algunos consideran se encuentra alejado del entendimiento de la sociedad en general, que aunque pudiera estar al tanto de los debates que se han dado en torno a la reforma, han sido tantas las opiniones y tan polarizadas que no han provocado más que confusión.

 

A pesar de lo anterior, el Frente Amplio Progresista ha seguido con la planeación de la consulta, y aunque no contará con la ayuda del Instituto Federal Electoral, que ha argumentado no está facultado para llevar a cabo tal procedimiento, en el DF si estará coordinado con el IEDF, que según el Código Electoral del Distrito Federal, tiene entre sus funciones: “desarrollar los trabajos de organización, desarrollo de la jornada y cómputo respectivo, declarando los efectos de la consulta de conformidad con lo señalado en la Ley de la materia; asimismo, vigilará que la redacción de las preguntas sea clara, precisa y sin influir de ninguna manera en la respuesta.”

 

De esta manera y luego de que ni el Ejecutivo ni el legislativo aceptaron convocar a una consulta a nivel nacional, el FAP acordó y anunció que habrán tres consultas, la primera el 27 de julio que se llevará a cabo en el DF y en las entidades en los que su legislación permita esos mecanismos. Para el 10 de agosto –tentativamente- se realizaría en los estados del Sureste y para el 24 de agosto en los estados del Norte. El objetivo de las tres etapas han declarado se debe a la necesidad de que sean tomadas en cuenta el mayor número de voces.

 

Ahora sólo resta esperar, la movilización se ha puesto en marcha. La información en procesos como estos resulta esencial para que el ciudadano dispuesto a participar tenga los elementos necesarios para tomar una decisión. ¿Hará caso a los spots del Gobierno Federal que aseguran la paraestatal no se privatiza o a aquellos del Frente Amplio que argumentan lo contrario? Importante resultará estar al tanto de la manera en que se harán las preguntas –esperando que sean más de una, claro está- y si la opinión de los ciudadanos en verdad será tomada en cuenta por algunos miembros de la clase política, que en los últimos días se han empeñado en recordar a la sociedad que no son necesarios mecanismos de democracia directa, cuando en su lugar se tiene la democracia representativa… ¿será?

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